La Comisión Especial de Investigación del Ayuntamiento de Murcia, encargada de comprobar las irregularidades en la gestión de las instalaciones deportivas municipales durante los últimos años, remitió sus conclusiones a los Servicios Jurídicos para depurar posibles responsabilidades.
Los hechos probados por esta comisión, impulsada por Ciudadanos, y presidida por el concejal de este Grupo, Francisco Javier Trigueros, demostraron que el que fuera concejal de deportes del Ayuntamiento de Murcia y hoy diputado de la Asamblea Regional, Miguel Cascales, conocía y toleraba durante su tiempo al frente de la concejalía la cesión a los clubes deportivos y alcaldes pedáneos de la gestión directa de las instalaciones deportivas municipales y su explotación económica, pese a que se trataban de instalaciones públicas, una dejadez de funciones que derivó en prácticas irregulares y que privó al Ayuntamiento de un dinero generado por el uso de instalaciones municipales, pero que iba a parar a los particulares.
Entre las irregularidades investigadas se demostró la contratación de conserjes que se encargaban del mantenimiento de los campos de fútbol a los que se remuneraba con el dinero que cobraban directamente a los usuarios, o la gestión de las cantinas por los clubes deportivos, sin que ingresaran las ganancias en la caja del Ayuntamiento, situación permitida por Cascales durante su época como concejal de Deportes.
Subvenciones directas “a dedo”
La Comisión también detectó que en el período comprendido entre 2011 y 2015 se concedieron más de 4 millones de euros en subvenciones directas, frente a los 150.000 euros que se otorgaron mediante convocatoria pública, vulnerando así la Ley de Subvenciones que establece como sistema ordinario el de concurrencia competitiva frente al método de asignación directa, por el que el Ayuntamiento otorgó “a dedo” más del 90% de las subvenciones deportivas.
Entre las medidas propuestas por la Comisión se acordó dar traslado de las conclusiones a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Murcia por la posible existencia de responsabilidades, tanto administrativas como penales, igualmente se propuso recuperar para el Ayuntamiento la gestión directa de las instalaciones deportivas, poniendo fin a la contratación irregular de conserjes y la explotación económica por particulares de los campos de fútbol municipales, así como establecer la convocatoria de subvenciones en régimen competitivo como norma, evitando la concesión “a dedo” de las ayudas deportivas.
