El exalcalde Miguel Ángel Cámara reclama 48.000 euros al alcalde José Ballesta para pagar a sus abogados en casos judiciales en los que ha sido absuelto.
La ley le ampara para pedir que el Ayuntamiento de Murcia le abone la minuta que ha desembolsado de su bolsillo a abogados y procuradores en cuatro casos en los que se ha visto envuelto y que han sido archivados, y así lo ha hecho. Sin embargo, la Administración local ha dado la callada por respuesta y se han cumplido los plazos, por lo que el exalcalde Miguel Ángel Cámara, que ostentó el bastón de mando durante veinte años, ha recurrido al contencioso administrativo.
El que fuera mandatario municipal reclama 48.400 euros, según ha podido saber La Opinión, de cuatro casos de los que ha salido indemne con autos de archivo o de cierre de diligencias.
Se trata de dos de las piezas separadas del caso Umbra, investigación judicial sobre los convenios que el Ayuntamiento firmó con promotores, constructores y empresarios para el desarrollo de la zona norte, que dieron lugar al caso Casino y Teatro Circo. Las otras dos causas hacen referencia a la demolición de la guardería de La Paz y a la compra de una vivienda por parte de los suegros del exalcalde, que fue exonerado y que se ampara en la legislación vigente para pedir que se le reembolse el dinero que le ha costado su defensa.
Según La Opinión, en el escrito dirigido al actual alcalde, Cámara expone que acudió a una defensa jurídica externa y no a los Servicios Jurídicos Municipales, entre otras razones, «por el hecho de que el Ayuntamiento estaba personado en las causas y por lo tanto no podía actuar como defensa al mismo tiempo» y añade en los fundamentos jurídicos de su reclamación que tiene derecho a que se le reintegren esos gastos en base a distintas normas jurídicas y a la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2002. Ese fallo del Supremo dictó doctrina y considera indemnizables «los gastos de representación y defensa de los miembros de las corporaciones locales en un proceso penal».