La Audiencia Nacional ha admitido a trámite este lunes la denuncia presentada por el Colectivo Jurídico Las Vías para pedir la paralización de las obras de llegada del AVE por considerar que podrían vulnerar los derechos fundamentales de las personas al carecer, según el colectivo, de una memoria de impacto ambiental.
El colectivo jurídico decidió el pasado mes de marzo llevar ante la Audiencia Nacional el planteamiento que defiende también la Plataforma Pro Soterramiento, que considera que las obras que se están llevando a cabo para la llegada del AVE y el soterramiento de las vías carecen de la obligatoria memoria de impacto ambiental.
Por un lado, consideran que el informe que se redactó en 2009 para el proyecto está caducado, además de no corresponderse con el proyecto actual más que en un 20 por ciento de las obras, una cuestión que también denunció en su día el fiscal superior de Murcia, aunque se desestimó su demanda al considerar que no era competente para presentarla.
Según ha explicado el coordinador y abogado del colectivo, Fernando Losana, este grupo de juristas retomó el asunto pero a través de un procedimiento contencioso-administrativo especial “para la protección de los derechos fundamentales de la persona”, alegando que las obras provocan vibraciones y ruidos en las viviendas que vulneran el derecho fundamental de la “inviolabilidad del domicilio y la intimidad familiar”.
Losana ha insistido en que existen numerosas sentencias en este mismo sentido, y que los ruidos y vibraciones provocados por las obras no han sido evaluados conforme a esa memoria ambiental, por lo que los trabajos deben paralizarse “de manera preventiva” hasta que cuenten con el aval del informe ambiental.
El colectivo participó el pasado viernes en una vista en la Audiencia para defender su petición y con esta admisión a trámite, el juez manifiesta que “ve indicios de una posible vulneración de los derechos fundamentales”, ha subrayado el abogado, que ha recordado que estos derechos cuentan con la “máxima protección del ordenamiento jurídico”.
Al ser derechos tan protegidos, el procedimiento judicial es especialmente breve, por lo que la sentencia sobre la paralización o no de las obras podría emitirse en un plazo aproximado de un mes, ha explicado Losana.
