Malos tiempos para Valcárcel por el ‘caso Desaladora’. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha pedido al juzgado que hace un mes acordó abrir diligencias contra el ex presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, que se le dé traslado de su denuncia por el caso de la desaladora de Escombreras y se le llame a declarar sin mayor demora.
Aunque urge a que se realicen estos trámites, el ministerio público expone en su escrito, según ha sabido Efe, que se le debe conceder un plazo no inferior a dos meses, desde que reciba la denuncia, para llamarlo a declarar como investigado (antes imputado).
Se trata de que durante ese tiempo pueda conocer en su integridad la denuncia presentada por la Fiscalía el pasado julio, en la que se indica que su actuación en torno al proyecto y ejecución de las obras de la desalinizadora de Escombreras puede ser constitutiva de los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Además, añade un delito de fraude y otro de fraude de subvenciones.
Según fuentes de la Fiscalía consultadas por Efe, el juzgado de instrucción habría iniciado ya las actuaciones precisas para localizar al ex mandatario regional y notificarle la denuncia personalmente.
En el auto por el que el juzgado acordó abrir diligencias se acordó dirigirse al órgano jurisdiccional que tramita la causa principal por la desalinizadora para que le remitiera testimonio de las diligencias ya practicadas en el mismo, “incluyendo las declaraciones de la totalidad de los investigados”. Y añadía que una vez con esos documentos en su poder, se acordaría lo procedente.
El ministerio fiscal tiene solicitado desde el momento de presentación de su denuncia que se declare la complejidad de la causa y que se llame a declarar como testigos, entre otros, al ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura José Salvador Fuentes Zorita.
Para la Fiscalía, aunque el escalón más alto de los investigados corresponde al que fuera consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, no es posible pensar que Valcárcel no estuviera al tanto de lo que ocurría en torno al proyecto de construcción de dicha planta.
Máxime, indica, en un proyecto de esta envergadura y que trataba de paliar el déficit hídrico que sufre la Región, según sus impulsores.
Las presuntas actuaciones ilícitas habrían consistido en implicar a la administración en un proyecto que comenzó desde la iniciativa privada y que fue asumido después por aquella, con un presunto perjuicio para los fondos públicos por las condiciones asumidas y los compromisos de pago que las mismas conllevaban.
