Una barbaridad

La prisión permanente revisable es la máxima pena privativa de libertad que existe en el Código Penal español. Fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2015, como parte de la Ley de Seguridad Ciudadana, con los únicos votos a favor del Partido Popular. La reeducación y reinserción social del reo son principios básicos de nuestra legislación penal y penitenciaria. El artículo 25 de la Constitución Española estipula: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”.

“Lo más escandaloso es la utilización por el PP de padres y madres de las víctimas de crímenes mediáticos para justificar y ampliar la prisión permanente revisable, eufemismo que consagra la cadena perpetua”

Es una solemne irresponsabilidad encubrir la pena de prisión de por vida o prisión perpetua, vulnerando así el principio de legalidad y el mandato constitucional de resocialización; se atenta contra la dignidad y contra la prohibición de penas inhumanas y tratos crueles y degradantes. Si es inhumana la pena de muerte, las penas, si son inciertas, también lo son. La legalidad penal española habla expresamente de que no atenten contra la dignidad humana y no resulten inhumanas, así como proscribe la cadena perpetua cuando incluye el mandato de la reinserción de las penas.

El Partido Popular está llevando a España a un estado de barbarie democrática con sus políticas. Basa el desarrollo económico en la desigualdad y en la ambición desmedida de unas élites que utilizan el Estado en su propio beneficio. Son también bárbaros los espectáculos de corrupción, y bárbaro es que no haya dimitido como presidente de Gobierno el responsable máximo de un partido que preparó campañas electorales con dinero negro y que hizo de la compra y venta de favores su modo natural de funcionamiento.

Pero por mucho que indigne la corrupción, lo más escandaloso que estamos viendo en estas semanas es la utilización por parte del Partido Popular de padres y madres de las víctimas de crímenes mediáticos para justificar y ampliar la prisión permanente revisable, eufemismo que consagra la cadena perpetua. Necesitaba representar el momento en el que la Venganza era sustituida por la Justicia. Valiéndose de un populismo degradador, quien utiliza a los padres y las madres de una víctima para modificar el Código Penal introduce de nuevo la venganza en los espacios de la justicia. El juez democrático es el encargado de velar al mismo tiempo por los derechos de la víctima y del delincuente. El Código Penal español es un buen ejemplo del deterioro democrático: ha limitado conquistas añadiendo autoritarismo.

Siglos de pensamiento jurídico han demostrado que el endurecimiento de las penas no sirve para lograr una sociedad más segura. Pero el pensamiento tiene poco que decir cuando los gobernantes están dispuestos a jugar con las emociones de manera mezquina. Las emociones pueden servir para movilizarnos en nombre de la convivencia y la justicia o para empujarnos hacia el odio y el miedo.

Que hayamos llegado hasta aquí es un síntoma de que la democracia se corrompe de manera alarmante. Tal vez si dejamos de pensar en la transición democrática de España conseguiremos explicarle a la gente lo emocionante que es confluir en la defensa de la sanidad pública, el trabajo decente y el deseo de igualdad.

 

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