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Allá por 1976, el presidente Suárez se dirigió a los españoles en un mensaje televisado, para decir que la Ley para la Reforma Política significaba que se había aceptado “el compromiso de la reforma para engrandecer la legalidad, para hacer más sólida la concordia y para crear una absoluta transparencia en los comportamientos públicos, puesto que nada de cuanto ocurre en España debe ser ajeno a ningún español”. En ese ya lejano discurso, asomaba la transparencia como objetivo político imprescindible para la democratización del país.

“La invocación a la seguridad nacional no puede ser una cláusula abierta que permita al Gobierno o a las más altas instituciones aplicar a cualquier materia la calificación de reservada o secreta”

El secreto de Estado es un límite al principio general de publicidad de los actos del poder público. Responde a la necesidad de excluir de la información el conocimiento de determinados temas que conciernen a la seguridad del propio Estado. Se trata de un límite al derecho fundamental a comunicar y recibir información que afecta a los ciudadanos. En un Estado democrático el secreto debe ser una excepción y no una regla. En este sentido, es necesario precisar que cuando se invoca la seguridad nacional, esta viene referida a aquellos aspectos que conciernen al ámbito militar y la seguridad frente a amenazas que procedan del exterior. No puede ser una cláusula abierta que permita al Gobierno o a las más altas instituciones aplicar a cualquier materia la calificación de materia reservada o secreta.

Lo de la querida Corinna Larsen está siendo ya intolerable se mire por donde se mire. La conocida como ‘amiga entrañable’ del rey emérito (lo es aún) es una comisionista de altos vuelos que embaucó al Jefe del Estado (que se dejó embaucar) y con la que inició una relación personal peligrosa e irresponsable en la que tuvieron que intervenir los servicios de inteligencia. Los detalles de esa relación, su presencia en las visitas oficiales, la estancia de la señora en un recinto próximo a la Zarzuela, su intervención en mediaciones que afectaron a la posición pública del yerno y la sospecha permanente de que entre Juan Carlos yla supuesta noble germano-danesase manejaban intereses económicos, sin duda provocan una situación insostenible. La acusación al rey emérito de tener cuentas en Suiza, haber cobrado comisiones por sus gestiones a favor de empresas españolas constructoras como la del AVE a La Meca (Arabia Saudí) y haber recibido del rey de Marruecos un finca en la localidad de Marrakech, utilizando para ello testaferros, al tiempo que el monarca se acogía, supuestamente, a la amnistía fiscal del gobierno del PP, es un escándalo.

Queda mucho camino por recorrer. España precisa de un marco jurídico menos confuso y contradictorio en materia de acceso a información y documentación. Ello evitaría la arbitrariedad con que, en ocasiones, se permite o deniega la información. De este modo, se podría combatir más eficazmente la corrupción, porque, además de facilitar el acceso de los ciudadanos a la información, se fortalecería la labor de la Justicia en la persecución de esos delitos y se favorecería el ejercicio del buen gobierno, sustentado en información veraz y no en la especulación. De paso, los españoles evitaríamos el bochorno de conocer aspectos relevantes de nuestra historia gracias a la desclasificación de documentos custodiados, por ejemplo, en archivos nacionales de otros países.

Si se desea avanzar sinceramente en políticas de modernización de la Administración, y en definitiva en los poderes del Estado, que respondan a principios razonables de austeridad y contribuyan a una auténtica transparencia, habrá que desvelar el mayor número de secretos que guarda el Estado, el de la propia existencia de esos seguros arsenales de la democracia y el buen gobierno que son los secretos oficiales.

 

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