¿Consejería de Educación o de privatización?

Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia –resolución 413/2015– vuelve a dejar en evidencia la parcialidad descarada de la Consejería de Educación hacia las escuelas privadas, permitiéndoles que usen cualquier medio para librarse de los alumnos “indeseables” (bien porque son “difíciles” o bien porque no pagan) y al mismo tiempo muestra el desprecio hacia sus mismos técnicos cuando estos no informan “adecuadamente”.

Resumiendo, ante un expediente abierto a un alumno en un colegio concertado de Cabezo de Torres con resultado de expulsión del centro, la madre interpone un recurso de alzada ante la Consejería de Educación, la inspección educativa advierte defectos en el expediente y dictamina retrotraer todo el proceso a su inicio y dejar sin efecto la sanción, la Consejería por medio de la Secretaría o la Dirección General correspondiente ignora el dictamen de la inspección y deja al centro expulsar al alumno. Ahora el tribunal da la razón a la madre y reprocha a Educación no haber admitido el recurso de alzada.

Lo peor de estas situaciones es que las familias siempre pierden, aun ganando, y por eso pocas pelean hasta el recurso, ante la evidencia de que el alumno sería el sufridor en caso de ganar; algunas porque en el fondo se ven aliviadas de librarse del colegio, otras por falta de información, y la mayoría por huir de complicaciones.

Los ejemplos del favoritismo de la Consejería hacia las empresas privadas son muchos y dilatados en el tiempo, pues se remontan hasta la época en que no había transferencias educativas, la Dirección Provincial dependía del MEC y era el Gobierno regional el que maniobraba para manipular los informes de la inspección. Ahí comienza la privatización de la red educativa regional. Otro ejemplo, ya con transferencias educativas recibidas: según el informe de la Comisión de Escolarización del curso 2004-05, en el barrio del Carmen había 552 plazas vacantes, tanto en centros públicos como privados; a pesar de eso no solo se autoriza un centro privado, sino que se le promete la concertación desde el principio. Pero este centro, Gabriel Pérez Cárcel, merece un artículo completo para él solo.

Actualmente son noticia las movilizaciones de padres y docentes en Alhama para impedir el cierre de tres aulas en colegios públicos y evitar el trasvase al nuevo centro concertado. Esta actuación por parte de la Consejería no es nueva, ya se ha sufrido en otros lugares, por ejemplo en Los Dolores de Beniaján, o en el barrio del Carmen. El resultado de este tipo de operaciones –expulsión de alumnos “difíciles”, cierre de aulas públicas– es la acumulación de problemas en la red pública y del negocio en la privada (siempre haciendo la salvedad de aquellos centros concertados, que los hay, en los que el servicio a las familias y alumnado está por encima del adoctrinamiento o el negocio educativo).

Por todo ello hay que reclamar a la nueva Asamblea Regional que exija que se cumpla la legalidad vigente, como, por ejemplo, no concertar unidades por debajo de la ratio exigida. Hay que pedir a los nuevos diputados que se inicie un debate regional sobre educación para establecer las condiciones por las que se pueda crear una red pública educativa en la que, con independencia de la titularidad del centro, estén todos aquellos colegios que, sostenidos con fondos públicos, no discriminen, ni ideológica ni económicamente, se rijan por procedimientos democráticos y atiendan las necesidades de su zona. El resto que se lo paguen de sus bolsillos. Si es que son capaces.

 

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