Los alcaldes y portavoces del PP en los municipios costeros de la Región de Murcia defienden la intención del presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, de asumir las competencias en Costas, como ya han hecho Cataluña y Andalucía, pues consideran que así se podrían desbloquear dos grandes proyectos como son el nuevo macropuerto de Cartagena en El Gorguel y Puerto Mayor en La Manga del Mar Menor. Es decir, se podrían realizar estas obras que destrozarían dos espacios naturales de gran valor en la ya de por sí maltrecha costa de la Región. Ambos proyectos están ahora en punto muerto por resoluciones judiciales y por informes que alertan del grave perjuicio que causarían al medio ambiente en caso de ejecutarse.
Sin embargo, los alcaldes y portavoces del PP en las zonas costeras insisten en que la gestión de costas por parte de la Comunidad Autónoma de Murcia es la mejor forma de agilizar los trámites administrativos que los municipios tienen para poner en marcha proyectos como los dos citados, lo que también favorecerá, a su juicio, la actividad económica en el sector turístico.
Para abordar este asunto, la sede regional del PP murciano acogió ayer una reunión de los alcaldes y portavoces de este partido en los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Cartagena, Mazarrón, Lorca y Águilas, quienes aseguraron que la asunción de competencias por parte del Ejecutivo regional serviría para una mayor simplificación administrativa y una mejor protección del medioambiente. Algo que no cuadra con la intención de desatascar proyectos que dañarían gravemente espacios naturales de la costa.
El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, que hizo de portavoz de todos ellos, defendido que el Ejecutivo murciano podría asumir las competencias de los puertos, lo que serviría para desbloquear los proyectos del macropuerto de contenedores de El Gorguel en Cartagena y el de Puerto Mayor, en La Manga.
Luengo insistió en que de esta forma se eliminarían las trabas burocráticas que se encuentran tanto los ayuntamientos como los empresarios del sector turístico.
La proyectada dársena de contenedores de El Gorguel es considerada por el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como “una amenaza” para el ecosistema marino y, si se construye, “provocará una pérdida o degradación del hábitat de la zona”. Así está catalogado el impacto que provocaría esta infraestructura, según la orden ministerial publicada en el BOE hace unos días, que refuerza la protección ambiental de la franja litoral comprendida entre Cabo de Palos y Águilas con una nueva figura de conservación.
En cuanto a Puerto Mayor, las obras comenzaron tras una concesión del año 1975 y preveían la construcción de 950 puntos de amarre sobre terrenos ganados al mar. El proyecto se paralizó en el año 2005 a raíz de un recurso contencioso administrativo que interpuso la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, después de activistas de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Greenpeace parasen con una acción de protesta las obras de construcción del puerto deportivo .
Un lustro después, en junio de 2010, el TSJ anuló dos resoluciones de la Comunidad Autónoma de los años 1988 y 2003 a favor de las obras que no se ajustaron a derecho porque hubo modificaciones que no se contemplaban en el proyecto original, a la vez que no se tuvieron en cuenta los informes negativos de la Dirección de Costas. Estos últimos advirtieron del daño medioambiental que se causaba a esta zona y de la ocupación de terrenos de dominio público marítimo terrestre, junto al espacio protegido (LIC y ZEPA) de Isla Grosa. La zona continua ocupada por las estructuras previas a la construcción del puerto, y mientras que los ecologistas solicitan su retirada y la caducidad de la concesión el Gobierno del PP se plantea retomar el proyecto con modificaciones.
La reacción de Ecologistas en Acción
La reacción de Ecologistas en Acción ha sido contundente a las declaraciones del alcalde de San Javier, ya que defiende que la gestión de las costas debe seguir bajo la tutela del Estado. Su portavoz, Rubén Vives, ha asegurado que con las declaraciones de José Miguel Luengo se pone de manifiesto que el PP lo que quiere con esa medida es especular y ejecutar proyectos urbanísticos.
Vives ha asegurado que la gestión de otros dominios públicos que se ha traspasado a las comunidades autónomas, como los parques nacionales o las vías pecuarias, están dando muchos problemas.
Ecologistas en Acción considera que un buen ejemplo de cómo el ejecutivo regional gestionaría nuestras costas lo encontramos este verano con los episodios de contaminación del Mar Menor.
