Cinco años después de los terremotos que sacudieron Lorca más de 400 familias siguen fuera de sus hogares, según la estadística que maneja la Plataforma de Vecinos Afectados por los Terremotos, el colectivo que durante este lustro ha sido la voz de los damnificados por la catástrofe. Y es que los seísmos afectaron a numerosas viviendas de la ciudad, provocando el derribo de muchos edificios.
Según explica los responsables de la plataforma,“los lorquinos que aún no han vuelto a casa son un 40% de los que perdieron su hogar como consecuencia de los temblores, que causaron el derribo posterior de 1.152 viviendas habitadas en el momento de la tragedia”.
El portavoz de la plataforma, Juan Carlos Segura, afirma que “unas 60 familias se encuentran en el minuto cero tras los terremotos, con sus edificios en estado ruinoso aún en pie mientras litigan en los tribunales con el Consorcio de Compensación de Seguros por discrepancias sobre las indemnizaciones a percibir”.
Segura señala como “ese problema es el más puntual, ya que afecta a los propietarios de tres bloques de pisos, aunque hay otro de mayor envergadura que sí afecta a centenares de damnificados y que es “el retraso en el pago de las ayudas públicas” a las que tienen derecho por Real Decreto”.
Ayudas que no llegan
Además, la plataforma afirma que “a muchos de ellos aún se les deben dos años de ayudas en concepto de alquiler por necesidades de realojo y es lamentable la forma en la que la Administración se está comportando con ellos. Del dinero público para ayudar a los damnificados aún están pendientes por llegar a sus beneficiarios 12 millones de euros”.
Segura señala que “del total de 78,3 millones de euros de ayudas públicas aprobadas por al Comisión Mixta que integran los Gobiernos de España y Murcia, que cofinancian al 50% las dos administraciones, aún están pendientes de llegar al bolsillo de sus beneficiarios unos 12 millones de euros”.
Además, el portavoz recuerda la situación de “los damnificados que quedaron excluidos del régimen de ayudas públicas y que son usufructuarios, arrendatarios en precario o propietarios de viviendas de segunda residencia, a los que las administraciones prometieron compensar con subvenciones a través de un plan específico de vivienda 2013-2016, del que aún nada se sabe”.
Por último, Segura explica que “una parte de esos propietarios han desistido de la reconstrucción por falta de ayudas y han dejado colgados al resto de los miembros de sus comunidades, que podrían tener problemas para reconstruir”.
