La Asamblea Regional aprobó ayer jueves en pleno, pese al ‘talibanismo político’ del PP, una proposición para reformar la Ley de Vivienda de la Región de Murcia, con el fin de incluir medidas contra los desahucios y la pobreza energética. La iniciativa fue presentada conjuntamente por el PSOE y Podemos, que tuvieron el apoyo del grupo parlamentario de Ciudadanos. El PP presentó sin éxito una enmienda a la totalidad, por “inconstitucional”, según su portavoz, Víctor Manuel Martínez, y posteriormente votó en contra. La iniciativa pasará a la Comisión de Política Territorial para el análisis de enmiendas, antes de su aprobación definitiva.
El debate político se vio interrumpido por una veintena de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que protestaron desde el Patio de las Comarcas de la Cámara cuando intervenía el diputado popular Víctor Martínez. El público fue desalojado y festejó la aprobación de la proposición de ley con gritos de “Sí se puede” en el vestíbulo de la Asamblea.
El texto reformado recoge las propuestas que la propia Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha promovido en otros parlamentos autonómicos a través de Podemos y sus confluencias políticas. En Andalucía fue rechazado y en Cataluña, aprobado, aunque ha sido recurrido por insconstitucionalidad de varios de sus artículos.
Planteamientos de los partidos
Joaquín López Pagán, del PSOE, destacó que la proposición de ley viene a dar solución a dos problemas sociales acuciantes en la Región de Murcia, como son los desahucios y la pobreza energética. En su opinión, el texto ha sido adaptado adecuadamente para evitar confrontaciones legales y será mejorado con las enmiendas de los partidos.
La diputada de Podemos María Giménez Casalduero también destacó que la proposición de ley ha sido ajustada al Estatuto de Autonomía y salva los aspectos que, según advierten los servicios jurídicos de la Cámara, podrían ser inconstitucionales. Lo hace con propuestas como la mediación: el texto insta a la Comunidad Autónoma a establecer mecanismos de negociación con los “grandes tenedores de viviendas”, principalmente con los bancos, para evitar los desahucios de familias por medio del alquiler social.
El diputado de Ciudadanos Luis Fernández también defendió la necesidad de buscar soluciones en el Parlamento a un problema que afecta a decenas de familias murcianas. Sin embargo, para el PP la proposición de ley es una medida innecesaria porque el Gobierno ha articulado medidas contra los desahucios y los ayuntamientos hacen frente con sus recursos a los problemas de pobreza energética de sus ciudadanos. “Esta proposición es un copia y pega de una ley catalana sin tener en cuenta la realidad de nuestra Región”, dijo Martínez. Los populares ven imposible su aplicación porque vaticinan que será recurrida por el Tribunal Constitucional.
