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El Congreso aprueba suspender la LOMCE, una de las leyes más polémicas del Gobierno de Rajoy

Protesta del Sindicato de Estudiantes ante el Congreso de los Diputados. / CHEMA MOYA (EFE)

El calendario de aplicación de la LOMCE, que en el próximo curso académico debía poner en marcha las novedosas y polémicas reválidas, puede quedar paralizado si la proposición de ley del grupo parlamentario socialista acaba siendo aprobada definitivamente. Ayer martes el pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde, por mayoría absoluta, a la toma en consideración de esta iniciativa contra una de las leyes más contestadas del Gobierno de Rajoy en la pasada legislatura.

Se trata de la primera proposición de ley que inicia su tramitación en esta legislatura, todavía con un Gobierno en funciones, precisamente el que aprobó la Lomce aunque sin el titular del departamento de Educación que promovió la iniciativa, José Ignacio Wert, actualmente como embajador de España ante la OCDE en París. 

La iniciativa recibió 186 votos a favor –la mayoría absoluta está fijada en 176 votos–, 112 en contra y 41 abstenciones. A favor se pronunciaron los diputados de los grupos socialista, Podemos, ERC, DiLl y Mixto, mientras que en contra se pronunciaron los de la bancada popular. Los parlamentarios de Ciudadanos se pronunciaron por la abstención.

Sin embargo, tras este primer trámite, la aprobación definitiva de la nueva ley, que fue defendida por el diputado Rafael Simancas, queda en el aire a expensas de si habrá o no investidura de un presidente del Gobierno en las próximas tres semanas y, en consecuencia, si la legislatura continuará o habrá disolución de las cámaras parlamentarias.

Esta ley, uno de los buques insignia de las reformas emprendidas por Rajoy y su Gobierno durante la pasada legislatura gracias a la mayoría absoluta del PP tanto en el Congreso como en el Senado, suscitó una amplia contestación social y, sobre todo, en la comunidad educativa dando pie a una de las primeras mareas cívicas en contra de su aplicación.

Su aprobación en noviembre de 2013 se hizo con los votos del PP en solitario y con toda la oposición en contra. De hecho, el rechazo se plasmó en un acuerdo firmado por los portavoces de todos los grupos parlamentarios, excepto el popular, en el que se comprometían a su derogación “durante el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura”.

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