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Una sentencia da un respiro a las pedanías para poder aumentar su presupuesto

El presidente de la Junta Municipal de Sucina, José Mercader, fue quien presentó un recurso en el TSJ con el objetivo de obtener mayor disponibilidad de fondos públicos para las juntas

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha dictaminado finalmente el presupuesto que deben manejar las juntas municipales, una noticia que pillaba por sorpresa a los servicios jurídicos del Ayuntamiento durante el día de ayer.

Y es que el presidente de la Junta Municipal de Sucina presentó un recurso con el objetivo de obtener mayor disponibilidad de fondos públicos para las pedanías.

Así, según informaban fuentes municipales, la Sala aprecia algunas discrepancias que van a llevar a la misma a emitir algunas aclaraciones. En concreto, que del fallo se deriva la existencia de un desglose entre recursos directos e indirectos para poder determinar cuál es el 8% sobre el que correspondería dictaminar a las juntas. El fallo dice que la distinción no está suficientemente detallada.

Por otra parte, la sentencia establece que no cabe recurso, pero los servicios jurídicos discrepan al entender que sí es posible presentar un recurso de casación ante el Supremo ya que, "si bien el Reglamento de Participación Ciudadana es una norma municipal, la Ley de Bases de Régimen Local sí es una normativa de carácter general que abre la vía de casación ante el Tribunal Supremo".

Respecto a la alusión a la obligación de cumplir la cesión del 8% del presupuesto a las juntas, el Consistorio señala que "es de imposible cumplimiento porque se trata de unas cuentas ya ejecutadas y liquidadas".

Además, recuerda que el Pleno ya ha aprobado iniciar el proceso de modificación del Reglamento de Participación Ciudadana "porque se había constatado que había apartados de difícil cumplimiento", que requerían además de su adaptación a los barrios y pedanías.

Del mismo modo, la aplicación de la sentencia cediendo el 8% de cada presupuesto a las juntas municipales supondría, según el Ayuntamiento, "que la capacidad de todo el Ayuntamiento sería decidida en su totalidad por los presidentes de barrios y pedanías y no por los concejales de la Corporación elegida por los ciudadanos".

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