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Un arquitecto municipal acusado de corrupción tenía 38 inmuebles en España y 1,2 millones en Andorra

Al que fuera arquitecto de Los Alcázares se le atribuyen los delitos de asociación ilícita, negociaciones prohibidas, cohecho, falsedad en documento público, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales
Ayuntamiento de Los Alcázares

El que fuera arquitecto del Ayuntamiento de Los Alcázares Mariano Ayuso, uno de los quince acusados en el caso Ninette, de presunta corrupción urbanística, llegó a tener un piso y una plaza de garaje valorados en casi 541.000 euros y casi 1,2 millones de euros en cuentas bancarias, todo ello, en Andorra. Esos son algunos de los datos que, sobre su patrimonio, se recoge en el escrito de acusación que el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, acaba de presentar en el Juzgado de Instrucción de San Javier que ha investigado los hechos.

El escrito señala que Ayuso tenía a su nombre, en España, un total de 38 bienes inmuebles urbanos y dos bienes rústicos, con un valor catastral en 2008 de 5,7 millones de euros, además de una docena de vehículos, entre los que se encontraban ocho turismos y un camión. Por lo que se refiere a sus bienes en Andorra, señala el ministerio público que este acusado abrió a su nombre cuentas corrientes en dos entidades bancarias, en las que llegó a tener 1.183.000 euros.

El saldo neto de la cuenta en la que existía mayor cantidad era, al 23 de noviembre de 2007, de 646.586 euros. En cuanto al piso de Andorra, se indica que su superficie es de 168 metros cuadrados, a lo que hay que unir una plaza de garaje de casi 18 metros cuadrados. Para el fiscal, Ayuso fue el principal artífice de este supuesto caso de corrupción que afectó también al que fuera alcalde de la localidad Juan Escudero, y otras personas, entre ellas, familiares de aquel y de este, varios arquitectos y dos constructores.

Las mayores penas son las que se solicitan para este exarquitecto municipal, al que se acusa de los delitos de asociación ilícita, negociaciones prohibidas, cohecho, falsedad en documento público, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales. Para él se solicitan penas que suman 22 años de prisión y multas que, en total, se elevan a 953.000 euros.

En cuanto a Escudero, quien, según la acusación estatal, también habría participado en esas actividades delictivas, se solicitan siete años de cárcel y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Entre los quince acusados figuran también el cerebro de la operación Malaya, Juan Antonio Roca, y su testaferro, Montserrat Carulla, quienes, presuntamente, también se habrían beneficiado de la presunta actividad delictiva alrededor del hotel que el primero construyó en Los Alcázares.

En su escrito, el fiscal superior ha pedido al Juzgado de Instrucción de San Javier que se dirija al Juzgado de Andorra con el que se tramitó la comisión rogatoria acerca de los bienes de Ayuso para que informe sobre el estado de las diligencias y la situación de los embargos acordados en su momento.

Finalmente, interesa que se proceda al comiso de las cantidades de dinero de las cuentas de Andorra y del piso y plaza de garaje y que por parte de varios de los acusados se indemnice al ayuntamiento de la citada población costera murciana en 3,7 millones de euros, cantidad a la que asciende, según el fiscal, el perjuicio sufrido por las arcas municipales por las presuntas actuaciones delictivas.

Las mismas habrían consistido en el desvío de obra pública a dos de los acusados, los constructores Valero Garcerán y su hijo, Francisco Javier Garcerán, y en otras actividades de las que se habrían visto beneficiados, presuntamente, los imputados.

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