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Recalifican terrenos para construir 3.900 viviendas en la pedanía de Pozo Higuera

Construcción masiva de apartamentos. (foto: lasprovincias.es)

El Ayuntamiento de Lorca ha aprobado de forma inicial recalificar dos millones de metros cuadrados de suelo en el paraje de Doña Ana, de la pedanía de Pozo Higuera, para permitir la construcción de un residencial con unas 3.900 viviendas. La concejala de Urbanismo, Saturnina Martínez, ha explicado que los promotores podrán construir entre 14 y 18 viviendas por hectárea y que la reordenación del suelo hará posible destinar más de 221.000 metros cuadrados a espacios libres, 112.000 a equipamientos, 47.000 infraestructuras de comunicación y 12.000 metros cuadrados para infraestructuras.

La modificación estructural del Plan Urbano convertirá en suelo urbanizable no sectorizado terrenos que en la actualidad son suelo urbanizable especial y suelo inadecuado para el desarrollo urbano. Según la edil esta modificación ha sido redactada en base al convenio urbanístico que el consistorio suscribió con los promotores hace diez años y afirma que con la misma se da "un paso adelante decisivo" para el desarrollo urbanístico de la zona, paralizado desde hace una década.

Convenios ruinosos

En el año 2005 el Ayuntamiento de Lorca, entonces gobernado por el PSOE, aprobó en un solo pleno municipal 17 convenios urbanísticos para recalificar con uso residencial suelo inadecuado para desarrollo urbano en el que construir 87.000 viviendas y de los cuales ninguno llegó a desarrollarse.

El de Pozo Higuera, promovido por la sociedad Los Llanos-La Campana, es uno de los cuatro convenios de ese paquete que no han sido recurridos ante los tribunales, ya que desde 2013 la mayoría de los promotores urbanísticos empezaran a reclamar por la vía judicial al ayuntamiento el dinero que adelantaron como fianza (un 40 por ciento del total) a la firma del acuerdo.

El ayuntamiento recibió unos 13 millones de euros cuando firmó esos convenios, pero incumplió una cláusula que le obligaba a resolver todos los trámites urbanísticos en un plazo de tres años y ahora se enfrenta al pago de aquellas cantidades, más la suma de los intereses y de las costas judiciales. Hasta en cuatro de los casos los tribunales han dado ya la razón a los promotores reclamantes con sentencias firmes.