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El plan urbano de San Javier vuelve a reactivar Puerto Mayor entre otras irregularidades

Ecologistas de Anse protestan por las obras de Puerto Mayor.

El Plan General de Ordenación Municipal (PGMO) de San Javier, que está recién aprobado provisionalmente, presenta graves irregularidades con respecto a la zona de Puerto Mayor y los arenales y saladares de La Manga, según las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción (EeA) tras la publicación del documento en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), el pasado 2 de enero.

En primer lugar, el documento actual provisional no resuelve las alegaciones presentadas contra el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del primer texto del año 2014, pero, curiosamente, sí lo hace sobre las que se presentaron siete años antes contra la aprobación inicial del PGMO, en 2007.

Según el texto publicado ahora, el PGMO vuelve a activar el proyecto urbanístico en torno a Puerto Mayor a pesar de que es ilegal tras la anulación del mismo por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), que, sin embargo, no retiró la concesión al fallecido Tomás Maestre.

Se olvida, con la reactivación, que el TSJ murciano determinó que las modificaciones del proyecto de Puerto Mayor en 1988 y 2001 exigían a los promotores una Declaración de Impacto Ambiental (DIA, ahora ISA) y un proyecto adaptado a ella. Precisaba también, señalan fuentes de EeA, que no habían obtenido el informe preceptivo de la Administración estatal y, por tanto, las obras no deberían haber sido autorizadas por la autonómica.

Invasión de competencias

Además, recuerdan las mismas fuentes, el PGMO aprobado provisionalmente declara suelos urbanizables todo el entorno de Puerto Mayor bajo la figura del plan especial de infraestructuras naúticas –por tanto, urbanizable– incluido en el documento publicado en el BORM. De esta forma, el Ayuntamiento de San Javier ordena suelos en los que no es competente puesto que el entorno marino de Puerto Mayor está incluido en la Red Natura 2000 y la parte terrestre corresponde al Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). Son las administraciones comunitaria y estatal las competentes en ambos casos.

Fuentes de EeA precisan que estas irregularidades recogidas en el PGMO aprobado provisionalmente se convertirán en “ilegalidades” si el plan es aprobado definitivamente por la Administración autonómica con esos defectos.