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La patente de una mandarina enfrenta a un agricultor murciano con el rey de Marruecos

El Tribunal Supremo eleva al Tribunal de Justicia de la UE una pregunta sobre si el agricultor puede usar una variedad protegida registrada por una empresa de la familia real marroquí
En el centro, el rey de Marruecos

La patente de una variedad de mandarina, que se llama Nadorcott, ha enfrentado a un agricultor murciano con la familia real de Marruecos. Desde 2006, cuando una empresa propiedad del rey de Marruecos, Mohamed VI, logró registrarla como variedad protegida, ha protagonizado más de 80 pleitos entre agricultores que la plantaban como toda la vida y que fueron perdiendo al no pagar 'royalties'. Ahora, José Cánovas, de Alhama de Murcia, puede haber encontrado un resquicio para mantener sus 4.457 mandarinos con esta variedad, según informa elconfidencial.com. Cánovas también ha sido denunciado por la familia real marroquí y su caso es tan singular que antes de tomar una decisión el Tribunal Supremo ha preguntado al Tribunal de Justicia de la UE cómo abordarlo.

El Supremo ha elevado al tribunal de la UE una pregunta sobre si el agricultor murciano puede usar dicha variedad protegida registrada por la empresa de la familia real marroquí.

Carpa Dorada S.A., que tiene en exclusiva los derechos sobre esta variedad vegetal, encomendó primero a Gestión de Licencias Vegetales (GESLIVE AIE), hasta el 12 de diciembre de 2008, y luego a Club de Variedades Vegetales Protegidas, la gestión de los derechos de esta variedad vegetal y el ejercicio de las acciones en caso de infracción de estos derechos. En este caso contra la sociedad José Cánovas Pardo, S.L., que explota una plantación de mandarinos de la variedad Nadorcott desde el año 2006 en una parcela de la localidad de Alhama de Murcia (4.457 árboles).

Según informa La Opinión, en dos ocasiones, 2007 y 2011, el productor murciano recibió requerimientos para que cesara en la explotación de esta variedad de mandarina hasta que no solicitara la correspondiente licencia (previo pago de los 'royalties'). Al no hacerlo, se le pidió vía judicial y también en dos ocasiones, el pago de una indemnización de 17.500 euros y de 35.000 euros, más IVA.

El agricultor murciano ganó en primera instancia por considerar el tribunal que los hechos habían prescrito: habían pasado más de tres años (plazo que marca la ley) desde que empezó a cultivar, en 2006, hasta que se le requirió el cese de la explotación.

Pero, llegado el caso a la Audiencia Provincial, ésta entendió que sólo había prescrito en los años anteriores a 2009, pero que la causa seguía 'viva'.

De hecho, condenó a José Cánovas Pardo, S. L. a indemnizar a la demandante con 31.199 euros (7 euros por árbol); y a eliminar y, en su caso, destruir cualquier material vegetal de esta variedad que tuviera el agricultor, incluido el material cosechado, según publica La Opinión.

El agricultor no se contentó con esta decisión judicial y presentó ante la sala de lo Civil del Tribunal Supremo un recurso de casación e infracción penal, que es el que ha llevado a los magistrados a pedir 'consejo' a la UE.

El principal argumento del productor murciano: no está de acuerdo con el comienzo del cómputo del plazo de prescripción que realizó la Audiencia.

Admitido el recurso, el Alto Tribunal fijó primero para diciembre de 2017 y luego para enero de 2018 su deliberación. Oídas las partes, y teniendo en cuenta los hechos, los magistrados han optado por pedir información extra al tribunal europeo, indica el citado diario.

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