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La oposición logra que Casco Antiguo denuncie en la Fiscalía a socios de Puerta Nueva

Imagen del consejo de administración de la sociedad municipal Casco Antiguo. (Foto: Cartagena Actualidad)

El Consejo de Administración de Casco Antiguo de Cartagena acordó ayer presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito de alzamiento de bienes contra los socios de la empresa Residencial Puerta Nueva, promotora del proyecto municipal de regeneración del barrio universitario. Se trata de la empresa que tuvo como representante durante varios años al exalcalde socialista José Antonio Alonso, quien impulsó el proyecto en su etapa de gobierno. Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Cartagena llevaban tres años pidiendo que se diera este paso, al que hasta ahora se había negado el PP.

Según fuentes municipales, la decisión de acudir a la Fiscalía la acordaron los representantes de todos los grupos municipales, incluidos los del Gobierno municipal del Partido Popular, a la vista de los informes jurídicos que apuntan a que la citada mercantil pudo desviar 9,8 millones de euros a través de préstamos entre las distintas sociedades que la integran.

Según los juristas consultados por Casco Antiguo, tanto a nivel externo como en el propio Ayuntamiento, este vaciado de las arcas de Puerta Nueva podría ser una de las causas de la actual situación de insolvencia de esta empresa, que desde el año pasado está en situación de concurso de acreedores.

La suspensión de pagos acordada por un juzgado de Lo Mercantil de Madrid hace muy difícil, según los abogados, que el municipio cobre los 2 millones de euros que Puerta Nueva le debe en concepto de plusvalías extraordinarias por la venta de pisos, garajes y comercios en el periodo 2007-2010.

Para tratar de obtener el dinero, Casco Antiguo ha exigido la ejecución provisional de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, que la promotora del barrio universitario ha recurrido ante el Tribunal Supremo.

En 2012, el Gobierno municipal de Pilar Barreiro rechazó en el Pleno la solicitud de los grupos de la oposición (PSOE, Izquierda Unida-Verdes y Movimiento Ciudadano) de presentar un escrito a la Fiscalía acerca de este mismo asunto. Ahora, sin embargo, este mismo Ejecutivo, con los votos a favor de sus delegados en Casco Antiguo, entre ellos los del vicealcalde José Cabezos y el concejal de Urbanismo Francisco Espejo, ha apoyado la medida de informar a la Fiscalía para que estudie la apertura de una investigación.

La decisión de Casco Antiguo llegó tras presentar un informe jurídico propio el concejal de MC, José López, que rebate uno anterior del Ayuntamiento y según el cual el posible delito continuado no ha prescrito.

Operación Púnica

El Ministerio Público ya descartó la existencia de delito en 2012, ante una denuncia de Izquierda Unida-Verdes y de Movimiento Ciudadano. Pero Casco Antiguo llevará ahora a la Fiscalía informes sobre nuevos indicios de delito desde la puesta en marcha del proyecto en el año 2003.

Según fuentes de la investigación, Residencial Puerta Nueva está siendo investigada por la Audiencia Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en la 'Operación Púnica' contra la corrupción. En esta causa, Alonso está imputado por seis presuntos delitos.

Los grupos de la oposición se felicitan

Los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Cartagena (PSOE, IU-V y MC) manifestaron ayer, tras la celebración del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Casco Antiguo en el que se decidió acudir a la Fiscalía para denunciar a Residencia Puerta Nueva por la deuda que esta mercantil mantiene con las arcas municipales, su satisfacción por el hecho de que el tiempo les ha dado la razón a todas las denuncias públicas y judiciales -hay que recordar que tanto Izquierda Unida-Verdes como Movimiento Ciudadano llevaron el tema a la Fiscalía-, demostrando que “ni se actuó de forma temeraria acudiendo a las instancias judiciales ni dejaba de asistirnos la razón”.

Los representantes de la oposición señalaron que “han tenido que transcurrir casi tres años para que el Consejo de Administración en su conjunto haya comprendido y compartido la necesidad de que la Fiscalía actúe no ya en la satisfacción de la deuda, que también, sino en las responsabilidades penales por una administración desleal y fraudulenta”.

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