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La oposición frena la reforma del Estatuto de Autonomía para reclamar las competencias de Costas

El PP no ha logrado sacar adelante la modificación del Estatuto pedida por el sector turístico, mientras que el resto de partidos han criticado que el Gobierno quiera poner en venta el litoral

El Partido Popular no ha logrado sacar adelante la reforma del Estatuto de Autonomía que permitiera a la Región de Murcia asumir las competencias en materia de Costas.

Por su parte, la diputada regional de Podemos, María Giménez, ha señalado que el “sentido común ha imperado hoy en la Asamblea Regional puesto que algo tan frágil como la gestión del litoral no podía caer en manos del Partido Popular, expertos en especular, esquilmar y vender al mejor postor nuestros recursos naturales”.

Asimismo, la diputada ha señalado que "la modificación propuesta suponía la eliminación de cualquier capacidad de control por parte del Estado en cuanto a las actuaciones que se realizan en la zona litoral, incluido el dominio público. En este sentido, Giménez ha afirmado que “era un disparate que quienes han destrozado estos años nuestros recursos naturales, ahora pretendan saltarse la tutela estatal sobre nuestra costa para terminar su obra y cementar así toda el litoral”.

Por otra parte, el diputado de Ciudadanos, Miguel Ángel López-Morell, ha asegurado que la propuesta es "innecesaria, contraproducente e inconsistente y va en contra de mejorar la situación de los empresarios". Además, el diputado de la formación naranja ha recordado que se llevan más de dos años negociando una reforma del Estatuto de Autonomía y "ahora el PP presenta una propuesta para romper ese consenso".

Desde el Partido Socialista, el diputado Joaquín López, ha afirmado que la Región "hace el ridículo al acudir al Congreso de los Diputados paracambiar artículo por artículo el Estatuto de Autonomía" y se han comprometido a, si el resto de los grupos quieren, concluir la reforma del Estatuto antes de que acabe el año".

Desde el PP, su portavoz Víctor Manuel Martínez ha defendido esta modificación aludiendo a que responde a una demanda de la sociedad y que ha sido secundada por más de 40 organizaciones.

Según ha explicado, la propuesta de los 'populares' persigue una mayor agilidad, simplificación administrativa y más seguridad jurídica. Además, ha añadido que esto generaría unos 2.000 puestos de trabajo.


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