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Murcia suspende en la aplicación de la Ley de Dependencia con una nota de 2,9 sobre 10

El informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales cruza variables como el gasto público, la lista de espera o equilibrio entre prestaciones y servicios

Malas noticias para la Región de Murcia en materia de dependencia. Y es que según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, la Comunidad suspende en la aplicación de la Ley de Dependencia con una nota de 2,9 en una escala de cero a diez que cruza variables como el gasto público, la lista de espera o equilibrio entre prestaciones y servicios.

Se trata de la quinta nota más baja, solo superior a las de Baleares (2,1), Aragón (2,1), Canarias (0,7), y la Comunidad de Valencia, que obtiene cero puntos, frente a la media nacional de 4,01.

De las más de 1,1 millones de personas que en España tienen reconocido algún tipo de dependencia (el 2,5% de la población) un tercio, 384.326 ciudadanos, no recibe ninguna prestación o servicio del sistema, según dicho informe, del que se desprende que en 4 años, 125.000 personas han muerto esperando que llegasen las ayudas. Se trata del XVI Dictamen de la Dependencia, un estudio a partir de los datos oficiales del Sistema de Autonomía personal y Atención a la Dependencia que analiza tanto la información sobre personas que han sido evaluadas, diagnosticadas como dependientes y que reciben o no las ayudas comprometidas, como la relativa a la financiación del sistema nivel nacional y autonómico.

Según expone, en la última Legislatura el Gobierno ha recortado 2.865 millones de euros al sistema entre la supresión del nivel acordado de financiación, la reducción del nivel mínimo de aportación del Estado a las comunidades autónomas y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares que afrontaba la Seguridad Social. En este sentido, afirma que el gasto público "se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley", que establece una financiación al 50% por parte de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. Según los directores y gerentes de servicios sociales, "la realidad es que, debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo, la Administración General del Estado aporta solo el 22,6% del gasto público y las Comunidades Autónomas el 77,4% restante. Por su parte, la aportación de los usuarios (copago) se estima en un 20% sobre el total de gasto directo del sistema". 

El Dictamen destaca que pese a esa retirada de fondos, el Sistema presenta una "sorprendente capacidad para la generación de empleo" y al cierre de 2015 contaba con 182.000 puestos de trabajo directamente vinculados a él, con una ratio de empleos directos por millón de euros de gasto público que asciende a 35.

Según afirma, si se atendiera ya a las 384.000 personas en espera cumpliendo así con la Ley, se generarían más de 90.000 empleos directos ex-novo habiendo invertido "sólo 1.631 millones de euros al año (2.643 M€/año de los que se recuperarían 1.012 M€/año en retornos por impuestos y cotizaciones a la seguridad social)".

Reacciones al informe

La diputada regional por Podemos, María Ángeles García Navarro, afirmaba al conocerse los datos que “volvemos a estar a la cola del país en uno de los temas vitales para los murcianos y murcianas, como es la Ley de Dependencia” y añadió que el Grupo Parlamentario Podemos llevará este jueves a la Asamblea Regional la aprobación de la Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana para que “se agilice la llegada de este tipo de ayudas”.

García Navarro explicó que existen datos que alarman de la situación de esta ley en la Región, “un retraso en la tramitación de los expedientes de unos diez meses, según el Tribunal de Cuentas, copagos en los servicios, pagos de tasas que habían anunciado que eliminarían, falta y reducción de plazas en residencias públicas derivando a los beneficiarios a residencias privadas, aumentando por tanto la cuantía del servicio, resolviendo solicitudes en favor de una prestación económica insuficiente para la atención del dependiente en su domicilio -debido a la falta de residencias- y recayendo sus cuidados sobre las mujeres, o derivando dependientes sin necesidad de atención médica hospitalaria a hospitales concertados de cuidados medios u ocupando cama en hospital de agudos, con lo que supone de gasto excesivo e innecesario”.