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Murcia se sitúa como la segunda comunidad con más denuncias por violencia de género

En el segundo trimestre de 2017 se recibieron un total de 42.689 denuncias por violencia de género, lo que supone un 18 % en España significa un incremento del 20,7 %

El segundo trimestre de 2017 supuso en número de denuncias por violencia de género un total de 42.689, lo que significa que los juzgados españoles tuvieron un incremento interanual del 18 %, según la estadística publicada por el Poder Judicial, en la que figuran 40.366 mujeres víctimas de maltrato (un 20,7 % más).

Asimismo, durante el mismo periodo se elevó en tres puntos el porcentaje de sentencias condenatorias a maltratadores, que representaron el 67,2 por ciento del total de fallos dictados, es decir, 8.885 condenas de 13.230 sentencias.

Además, hay que señalar el descenso del número de mujeres que renuncian a declarar contra sus parejas que supone en total el 10,5 %. Entre abril y junio de 2017 se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar 4.263 mujeres, frente a las 4.341 del mismo periodo de 2016.

Del mismo modo, existe un aumento de denuncias en un 18 % pasando de 36.166 denuncias en el segundo trimestre de 2016 a 42.689, lo que significa un incremento de víctimas, en este caso del 20,7 % o lo que es lo mismo de 33.440 mujeres a 40.366.

El observatorio judicial refleja un incremento de siete puntos en las solicitudes de órdenes de protección, señalando que se pidieron 10.242, 9.586 un año antes, y cuatro puntos en la concesión de las mismas por parte de los órganos judiciales.

Por comunidades, la violencia de género se da de forma dispar y la ratio de víctimas por cada 10.000 supera la media nacional (17) en Baleares (26,3), Murcia (21,8) y Comunidad Valenciana (21,3), mientras que la más baja se da en Castilla y León (10,8) y Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco (ligeramente superiores a 11).

Igualmente casi un 70 por ciento de las denuncias fueron presentadas por la víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales, mientras que el Poder Judicial aprecia un ligero descenso de las presentadas por familiares de las víctimas  de las que sólo fueron el 2%.

En un 50 por ciento de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección; un 3 por ciento de las víctimas que pidieron protección fueron mujeres menores de edad.

 

Respecto a las órdenes de protección y otras medidas cautelares se adoptaron 16.217 medidas judiciales penales, entre las que destacan la orden de alejamiento, la prohibición de comunicación, la suspensión de la tenencia y uso de armas, la salida del domicilio, la prohibición de volver al lugar en que se cometió la agresión y las medidas privativas de libertad.

A su vez, se dictaron 4.138 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal; un 19 % en relación con la prestación de alimentos y un 16,5 % resolvieron la atribución de la vivienda, detalla la estadística.

En concreto, en un 5,3 por ciento de los casos las medidas supusieron la suspensión de la guarda y custodia de los hijos y en un 3,7 por ciento de los supuestos se procedió a la suspensión del régimen de visitas.

 

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