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Más de 10.000 dependientes murcianos siguen sin percibir ninguna prestación

La consejera de Familia, Violante Tomás, ha informado de que se ha aumentado el número de personas que valoran la dependencia y discapacidad "para dar respuesta enseguida"

La Consejería de Familia e Igualdad se muestra optimista en poder solucionar la situación de las más de 10.000 personas dependientes en lista de espera para recibir la prestación en la Región de Murcia.

Violante Tomás ha informado de que se están redoblando los esfuerzos y se ha aumentado el número de personas que valoran la dependencia y discapacidad "para dar respuesta enseguida" y añade el incremento de plazas en centros de día y en las residencias de mayores, las ayudas a domicilio y la teleasistencia, entre otros servicios.

Y es que según la consejera, aunque en la Comunidad existen más de 26.000 dependientes que reciben una prestación, la lista de espera supera hoy día las 10.000 personas “porque en verano se incorporaron más de 8.000 personas con el grado uno”.

En la actualidad, la Región cuenta con más de 4.000 plazas para personas con discapacidad en centros de día y residencias, además de 9.600 servicios para personas mayores. Según Tomás, se espera dar plaza este año a cerca de 6.000 personas de cuidados en el entorno.

Por otra parte, la consejera ha adelantado que se crearán 368 nuevas plazas para personas con discapacidad y 200 nuevas para personas  mayores este año.

Durante su intervención, Tomás se ha mostrado orgullosa de la redacción del Reglamento de la ley de Renta  Básica y de que ya no haya lista de espera.

El año pasado accedieron a esta prestación 14.000 personas, más de 5.500 familias. Inicialmente se contaba con 8,7 millones de euros, aunque debido a las necesidades posteriores, esto se incrementó hasta llegar a los 10,2 millones.

La consejera ha comparecido en la Asamblea Regional a petición propia y del PSOE para explicar las líneas de actuación del  departamento que dirige y la financiación y mantenimiento de los servicios sociales básicos de ayuntamientos y mancomunidades tras la entrada en vigor de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de Administración Local.

"Vamos a acompañar a menores extutelados que han cumplido los 18 años, en aquellos casos en los que no tienen familiares que los puedan atender", explicaba.

Según sus palabras, se les ofrecerá un hogar-vivienda hasta que se reincorporen en la sociedad. Para lograr que se incorporen al mundo laboral, la Dirección General de Familia y Políticas Sociales destinará hasta 2021, más de un millón de euros para desarrollar un programa en el marco de la Garantía Juvenil que  facilite información o formación complementaria.

Tenso debate 

Los grupos de la oposición achacan a la consejera una "historia de despropósitos en materia de Servicios Sociales" poniendo en duda las propuestas lanzadas en la Cámara.

La diputada del PSOE Consuelo Cano, acusa al Gobierno regional que cada vez que pronuncian la palabra sostenibilidad o racionalización "hay que echarse cuerpo a tierra".

Desde el PSOE consideran que el centralismo de las comunidades autónomas "perjudican sensiblemente a todos los colectivos de personas desfavorecidas, mientras que los ayuntamientos siempre han sido los que  han socorrido al que más lo necesita".

Desde Podemos, Mari Ángeles García ha pedido a la consejera un plan regional de Servicios Sociales que contemple un "diagnóstico real" de la situación en la Región. "Queremos que nos diga qué recursos se van a dotar para financiar estos objetivos", ha dicho, al tiempo que considera que la consejera ha tratado de "bordear la legalidad para no presentar ese plan regional". Por parte de Ciudadanos, Juan José Molina ha coincidido con las opiniones de los otros grupos de la oposición y dice parecerle "una barbaridad" que haya más de 10.000 personas en lista de espera para dependencia. A su entender, debería ponerse en marcha una tarjeta solidaria "para hacer un seguimiento e intentar sacar a la gente de la situación de pobreza extrema".

Este plan se ha dotado presupuestariamente con 3,5 millones de euros y aunque inicialmente se pensó en ponerla en marcha en ciudades como Murcia o Cieza, cree que "sería más efectiva si se comenzara en los municipios más pequeños para después extenderla a toda la Región".