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Llevan al fiscal a Martínez-Cachá por permitir que La 7 emita desde un local ‘okupa’

Adela Martínez-Cachá, consejera de industria, Turismo, Empresa e Innovación.

El abogado Diego de Ramón ha denunciado ante la Fiscalía a la consejera en funciones de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Adela Martínez-Cachá, por un presunto delito de prevaricación por omisión por su inacción al conocer que el Grupo Secuoya, que gestiona el canal de televisión autonómico La 7, ocupa de forma ilegal el edificio de la antigua televisión de Molina Thader TV, “donde ha procedido a instalar la sede de la televisión autonómica sin ningún título jurídico válido”.

Según fuentes del gabinete de De Ramón, la denuncia se dirige a Martínez-Cachá dado que dicha consejería se encuentra vacante por la dimisión de su anterior titular, Juan Carlos Ruiz, y que las funciones han sido asumidas por ella, que es conocedora de la “ocupación totalmente ilegal de las instalaciones” por parte de la concesionaria de la gestión del la televisión autonómica. La empresa, según el abogado, no fue autorizada por el Juzgado Mercantil nº 1 a ocupar mediante alquiler dichas instalaciones, según resolución judicial del pasado 28 de mayo, “a pesar de lo cual iniciaron desde ahí sus emisiones el pasado día 1 de junio”.

A juicio del denunciante, “es obvio que el adjudicatario del servicio debe cumplir el requisito indispensable de tener en propiedad o en uso las instalaciones comprometidas en su proyecto, cosa que en este caso no se da, y es por ello que la Consejería debería haber suspendido ya el contrato al adjudicatario”. En su denuncia, Diego de Ramón solicita que se abran diligencias de investigación y que se requiera a la Comunidad Autónoma para que aporte las noticias publicadas al respecto en los medios de comunicación, para que se presenten los escritos o peticiones recibidas por parte de terceros sobre esta situación, así como, también, el documento administrativo de adjudicación de la concesión y el pliego de condiciones y cláusulas técnicas.

El abogado requiere, asímismo, la información de cómo fue valorado el requisito de poseer las instalaciones comprometidas para la televisión autonómica cuando el contrato de arrendamiento obtenido sobre el local se encontraba condicionado a la aprobación judicial y por tanto era ineficaz. El escrito solicita finalmente los informes jurídicos sobre la adjudicación y los nombres del equipo técnico que ha intervenido en todo el procedimiento y se ha encargado de la supervisión, vigilancia o fiscalización de la adjudicación del contrato de gestión de 7RM.