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La Ley de Contratación Pública beneficiará a 2.000 personas en riesgo de exclusión social

El presidente de Ucomur señaló que "esta ley ha logrado aportar mayor facilidad para la contratación de la administración con empresas de economía social y la prohibición con compañías que no cumplan con la cuota de reserva de personas con discapacidad"

La Ley de Contratación Pública, aprobada en el último trimestre de 2017 y que afectará a las empresas y entidades de este modelo empresarial, ha incluido nuevas claúsulas gracias a las cuales cerca de 2.000 personas en riesgo de exclusión social podrá verse beneficiadas con un contrato de trabajo. 

Estas medidas se dieron a conocer hace unos días durante la celebración de las jornadas de contratación pública responsable organizadas por Ucomur, EAPN, CERMI, FEACEM y Reas-Murcia, inauguradas viernes por Nuria Fuentes García-Lax, directora general de Relaciones Laborales y Economía Social de la Consejería de Empleo y presentadas por Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur y Cepes; Diego Cruzado, presidente de EAPN; Pedro Martínez, presidente de CERMI y FEACEM; y Luigi Carinci, presidente de REAS-Murcia, en la sede de Ucomur.

El presidente de Ucomur, señaló durante la presentacion que "gracias a esta ley" se ha logrado aportar "una mayor facilidad para la contratación por parte de la administración con empresas de economía social y la prohibición de hacerlo con compañías que no cumplan con la cuota de reserva de personas con discapacidad".

Asimismo, Pedreño destacó que con la inclusion de esta medidas "se ha conseguido estimular a las empresas que carecen de responsabilidad social y una reserva obligatoria de contratos para empresas de la economía social junto con la acreditación de que la solvencia económica financiera sea proporcional al objeto contractual".

Dentro de los cambios aportados se encuentran la sustitución del criterio de oferta económica por el de oferta mejor 'calidad-precio' para que no se anteponga una contratación por ser más ventajosa económicamente debido a que ésto suponía que las empresas de economía social no pudieran quedarse con contratos de trabajo públicos y lo hicieran empresas grandes "aunque no tan especializadas", afirmó Pedreño.

 

 

 

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