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El expresidente Pedro Antonio Sánchez también se sentará en el banquillo por el 'caso Pasarelas'

El juez decreta la apertura de juicio oral contra el exjefe del Ejecutivo regional por la posible comisión de los delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude en la contratación
Pedro Antonio Sánchez

El expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez se sentará finalmente en el banquillo de los acusados por el 'caso Pasarelas', según informaron este miércoles fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, Antonio Morente, ha decretado así la apertura de juicio oral -y se tiene por formulada la acusación- contra el exjefe del Ejecutivo regional y contra el arquitecto Martín Lejárraga Azcarreta por la posible comisión de los delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude en la contratación.

Cabe recordar que en esta causa se investiga y se juzgará la contratación del arquitecto por parte del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras -durante el periodo en que Sánchez fue alcalde- para la elaboración de la documentación técnica para una subvención de obra pública en el entorno de la rambla Nogalte.

Según se desprende del auto, se declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la presente causa a la Audiencia Provincial de Murcia. Y acuerda citar a Sánchez y Lejárraga a fin de que comparezcan en la sede de este Juzgado el 18 de mayo a las 9.30 horas para notificarles personalmente la presente resolución y los escritos de acusación.

No cabe recurso

Por último, señala que contra este auto no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal del acusado, en que cabe recurso de reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Por estos hechos, el fiscal pide para Sánchez una pena de 9 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo cargo público por la comisión de un delito de prevaricación administrativa; una pena de 3 años y 6 meses de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de 25 euros y 3 años y 6 meses de inhabilitación especial de sufragio pasivo y activo, así como la incapacidad para obtener durante el plazo de la condena cualquier cargo o empleo público, sea o no electivo, en el ámbito municipal, autonómico y estatal, por un delito de falsedad documental.

Para Lejárraga solicita una pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.

Justo esta semana la formación política Podemos anunció que solicitará tres años de prisión y cuatro de inhabilitación especial por supuesta falsificación de documentos para el expresidente regional. A esa petición de penas se sumará otra de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público, esta vez por un supuesto delito de prevaricación continuada, dentro de las mismas diligencias.