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Entidades sociales piden al Ayuntamiento de Murcia una contratación pública para los más desfavorecidos

REAS, UCOMUR, CERMI y EAPN han solicitado cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos de contratación y confían en que "esta iniciativa se traslade a otros municipios de la región"

Diversas entidades de economía sostenible, cooperativas, personas con discapacidad y en riesgo de exclusión han pedido de nuevo que el Ayuntamiento de Murcia tenga en cuenta a dichos colectivos de manera que se reserve parte de sus contratos públicos a empresas que trabajan con los mismos e incluyan cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos de contratación.

Y es que el presidente de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de la región (REAS), Miguel Crespo,ha recordado que "el Ayuntamiento aprobó esa instrucción el pasado 17 de marzo y tanto su organización como la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado (Ucomur), el Comité de representantes de personas con discapacidad y sus familias (CERMI) y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) han presentado diversas alegaciones para mejorar el texto".

Desde el Consistorio han asegurado que se encuentran abiertas la fase de análisis y revisión de las alegaciones presentadas y que las cuestiones planteadas serán respondidas por los servicios municipales competentes, entre ellos, relaciones laborales, empleo, agente de igualdad, medio ambiente o servicios sociales. "Una vez que se resuelvan las alegaciones, el texto definitivo será remitido nuevamente a la Junta de Gobierno y tras su aprobación, la instrucción entrará a formar parte de la tramitación de los pliegos de condiciones de las diferentes concejalías" ha sostenido el Ayuntamiento.

El propio Crespo, junto con Antonio Pedreño (Ucomur), Pedro Martínez (CERMI) y Diego Cruzado (EAPN), han coincidado en solicitar que en esa instrucción se establezca una "reserva de mercado" en los contratos públicos para que determinados servicios y trabajos sean adjudicados a centros especiales de empleo, aquellos con al menos un 70 por ciento de empleados con discapacidad, o empresas de economía social y entidades sociales.

"Se trata de garantizar el acceso a la contratación pública a colectivos más desfavorecidos que, de otra manera, no podrían competir con las ofertas económicas de grandes empresas", han explicado.

Otra de las propuestas de estas entidades es la de prohibir la contratación a compañías que no cumplan con la reserva de un 2 por ciento de sus plazas para personas con discapacidad, así como favorece la contratación a las compañías que favorezcan la inserción de personas en riesgo de exclusión.

También se han referido a la subrogación de los trabajadores y la apuesta por los contratos "en lotes" para que pequeñas empresas puedan ocuparse de un parte de un servicio si no pueden asumir un contrato entero.

Además, han insistido en la necesidad de poner en marcha una mesa de trabajo u observatorio en el que participen entidades del tercer sector para revisar esas cláusulas sociales.

Por último, los representantes de las cuatro entidades han considerado que esta instrucción municipal para incluir cláusulas sociales en los contratos es "muy positiva" y han confiado en que esta iniciativa "se traslade a otros municipios de la región".

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