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Los dos últimos alcaldes del PP de Alcantarilla realizaron “pagos irregulares” a una empresa de vigilancia

El PSOE se querella contra el exregidor Mellado y el alcalde Buendía. Un informe de la Comunidad indica que “la actuación municipal no se ajusta a la legalidad y no puede entenderse amparada en una contratación válida”
Lázaro Mellado y Joaquín Buendía

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alcantarilla ha presentado una querella contra el exalcalde del municipio Lázaro Mellado y el actual alcalde, Joaquín Buendía, ambos del PP, por "pagos irregulares" a la empresa de control, acceso, vigilancia y mantenimiento de los colegios públicos.

El portavoz del grupo municipal socialista, Gabi Esturillo, señaló que se trata de una empresa que no tiene contrato desde hace más de 10 años, y afirmó que el actual alcalde "conoce desde marzo esta situación, ya que tiene en su poder un informe que asegura que estos pagos son irregulares".

Se trata de un informe de la Dirección General de Administración Local en el que se indica que “la actuación municipal (del PP) no se ajusta a la legalidad y no puede entenderse amparada en una contratación válida”.

El contrato se adjudicó a Cryspemar el 9 de diciembre de 2004, por un periodo de dos años, con opción a prorrogarlo como máximo otras dos anualidades. No obstante, el informe de Administración Local deja claro que la citada empresa “ha seguido prestando el servicio al Ayuntamiento hasta el curso 2015-2016”.

El Ayuntamiento de Alcantarilla ha estado abonando todos estos años facturas mensuales de 17.162 euros. “Pudiendo entenderse que, extinguido el contrato de 2004, se ha producido una contratación verbal, con adjudicación directa o una prórroga tácita del contrato inicial, cuestiones ambas que no se ajustan a los establecido”, añade el documento.

El informe sostiene que “de los hechos descritos no puede deducirse, ni justificarse, la persistencia durante diez años de una situación excepcional, urgente e imprevista que, de forma continuada, haya provocado y sirva de base para obviar las obligaciones impuestas por las normas de contratación”.

Y concluye que “existen vicios de validez en el acto administrativo” y que “solo cabe concluir que, una vez extinguido el contrato suscrito en 2004, procedía que el Ayuntamiento hubiera convocado una nueva licitación”.

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