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Condenados tres exaltos cargos del Gobierno de Murcia por la recalificación de un paraje protegido

Alvarado y Sánchez Gelabert son condenados por prevaricación y falsedad documental, y Encarna Muñoz, solo por el primer delito, en el ‘caso Zerrichera’
Paraje de La Zerrichera

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado por prevaricación a tres exaltos cargos del Gobierno murciano por la recalificación de la finca La Zerrichera, en Águilas, con varias figuras de protección medioambiental, para permitir construir 4.000 casas, hoteles de lujo y un campo de golf.

Los condenados son el ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el exjefe del Servicio de Calidad Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert; y la ex directora general de Medio Natural, Encarnación Muñoz.

Todos ellos han sido condenados por un delito de prevaricación, mientras que los dos primeros también han sido identificados como autores de un delito de falsedad documental.

En la resolución, se recoge la condena a Encarnación M.M a cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; a Juan Ignacio S.C a cinco años de inhabilitación especial, dos de prisión y multa de 1.350 euros por un delito de prevaricación e inhabilitación durante 1 año y 3 meses como autor de un delito de falsedad.

Por otro lado, la Audiencia condena a Antonio A.P a siete años de inhabilitación, dos años de prisión y multa de 1.350 euros por un delito de prevaricación e inhabilitación durante 1 año y tres meses por un delito de falsedad documental.

Finalmente, el tribunal ha absuelto a los exdirectivos de Urbanismo José María R.C y a Manuel Alfonso del delito de prevaricación, por el que también estaban acusados.

La Zerrichera, una finca ubicada en la Sierra de Almenara en Águilas, da nombre al caso que investigaba las presuntas irregularidades en la recalificación de este paraje, donde estaba previsto construir una urbanización con 4.000 viviendas, hoteles y campos de golf.

El proyecto urbanístico fue denunciado por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción y el Partido Socialista. En 2007, el caso fue abierto por el entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal.

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