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La Asamblea reclama una ley para proteger a quienes denuncien casos de corrupción

La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales aprueba por unanimidad la moción del PSOE, que pide un instrumento para evitar “posibles represalias, acoso y campañas de difamación”
Comisión de Asuntos Generales e Institucionales

La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales aprobó este miércoles por unanimidad una moción del PSOE que pide una ley que contemple medidas para proteger a los denunciantes de prácticas corruptas e ilegales. Según explicó la socialista Presentación López, lo que quieren es que desde el Gobierno nacional se articulen este tipo de instrumentos.

La diputada del PSOE apuntó que los organismos internacionales como Naciones Unidas y Transparencia Internacional han pedido que haya una ley que regule específicamente la protección al denunciante y que garantice la confidencialidad. «Hay que proteger a esa persona frente a posibles represalias, acoso y campañas de difamación», dijo añadiendo que la ley debería afectar tanto al sector público como al privado.

Turno de oficio

A su vez, la Comisión aprobó por unanimidad una iniciativa de Ciudadanos para ampliar el turno de oficio para la cárcel de Campos del Río. El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, recordó que la prisión de Sangonera tiene un convenio firmado con el Colegio de Abogados desde 2008, que ha sido renovado el pasado mes de julio, y que ha permitido que en 2016 se realizaran 12.000 asistencias a 2.400 reclusos.

En este sentido, Sánchez manifestó que era necesario corregir el agravio comparativo existente en la actualidad ya que los reclusos de Campos del Río no reciben este servicio. En este sentido, incidió en que «los letrados se desplazan al centro penitenciario donde resuelven dudas y problemas de índole muy variada que ayudan a la integración social de los presos y en muchos casos realizan gestiones en otras instituciones o administraciones públicas, asumiendo la defensa del interno». A esta iniciativa se ha incorporado una enmienda del PP para extender la prestación de este servicio a los letrados de los colegios de Cartagena y Lorca.

Durante la jornada, la Comisión también solicitó intensificar las inspecciones a las plataformas de vehículos con conductor para frenar la competencia desleal. La iniciativa, del PP, salió por unanimidad. En ella, Patricia Fernández explicó que se pretende «evitar» la competencia desleal y el «intrusismo» relacionado con el sector del taxi.

Según los datos aportados, en la Región operan 774 licencias de taxis frente a 90 vehículos con conductor, que están adscritos a plataformas como Uber y Cabify. «Se están haciendo controles por parte de la Dirección General de Transportes. El año pasado se realizaron cuatro en las que se detectaron numerosas irregularidades», afirmó la parlamentaria.

Policías locales

Por otro lado, se aprobó por unanimidad una moción de Podemos para elaborar una nueva Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. «Pretendemos que llegue cuanto antes a la Asamblea Regional», pidió la diputada María López, que indicó que ya existe un borrador elaborado por el Gobierno regional. «No se puede dilatar más tiempo su llegada a la Asamblea», manifestó. Según indicó, la ley actual es del año 98, mientras que el anteproyecto ley pretende coordinar aspectos laborales, salariales, uniformidad y reconocimiento, las bases para las oposiciones, entre otros.

Asimismo, la comisión ha ordenado para los días 14 o 21 de mayo la comparecencia del decano del colegio de graduados sociales de Murcia. Será la Junta de Portavoces la que ordene definitivamente el día de su comparecencia.