ir a la portada de ELPajarito.es

Amnistía Internacional critica el uso de la 'Ley Mordaza' contra los vecinos que protestan contra el muro en Murcia

Con el título 'Sal a la calle...si te atreves', en el informe se recogen las repercusiones que tuvo la ley entre los vecinos de las manifestaciones de la Plataforma Pro Soterramiento.
Rueda de prensa de Amnistía Internacional

Representantes de Amnistía Internacional comparecieron ayer viernes en Murcia en un acto en el que la organización presentó su informe sobre los tres años de la aplicación de la denominada 'ley Mordaza' (Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana).

Con el título 'Sal a la calle...si te atreves', en el informe se recogen las repercusiones que tuvo la ley entre los vecinos de  las manifestaciones pacíficas organizadas por la Plataforma Pro Soterramiento. En el acto expresaron su rechazo ante el trato recibido por los vecinos en algunas concentraciones.

La portavoz de Amnistía Internacional en Murcia, Carmen Rico, pide al Ejecutivo que se asegure de que "los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciban la formación adecuada en materia de derechos humanos y garanticen los derechos de reunión, información y expresión de toda la población".

Amnistía Internacional denuncia que esta normativa se está utilizando para «desmovilizar a la ciudadanía» en las protestas que se llevan a cabo en las vías del tren para pedir el soterramiento del AVE en Murcia.

Según explica la organización se ha documentado que algunos «movimientos ciudadanos, que llevan a cabo acciones de protesta de naturaleza intrínsecamente pacífica, estarían siendo objeto de señalamiento por parte de la policía, con detenciones de algunos de sus miembros, uso excesivo de la fuerza, y la aplicación del régimen sancionador de la LOSC».

En ese sentido, Amnistía critica que los vecinos, «especialmente las personas más activas en estas movilizaciones, han sido sancionados de forma reiterada. Fundamentalmente las sanciones se han impuesto por infracción del art. 37.1 de la LOSC, es decir, por no cumplir con los requisitos formales de comunicación de las movilizaciones, y por el art. 36.3, al situarse en ocasiones en las propias vías. La cuantía total de las sanciones impuestas ronda ya los 50.000€ según refieren fuentes de la Plataforma Pro Soterramiento, lo que ha provocado que se ponga en marcha un 'crowdfunding' con el objetivo de sufragar el pago de estas mismas».