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Alertan del primer sondeo de fracking en el Noroeste en busca de bolsas de gas

La Plataforma Cuenca del Segura Libre de Fracking asegura que "puede ser pronto una realidad en la región y pide la movilización social e institucional para parar el proyecto"
Emplazamiento del antiguo sondeo RSG1, en Calasparra, que será empleada para el nuevo sondeo Rio Segura-3. (Foto cedida: Caralluma)

La Plataforma Cuenca del Segura Libre de Fracking (CSLF) ha alertado que "el fracking está más cerca de ser una realidad en la región de Murcia" y es que, según han informado en un comunicado, la empresa 'Oil and Gas Capital' ha solicitado los trabajos para el permiso 'Escorpio', cuya autorización depende en exclusiva de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, la plataforma ha señalado que "la titular de esta cuadrícula, de más de 20.000 hectáreas que se extiende por los municipios de Calasparra, Moratalla y Cehegín, en el Noroeste, ha solicitado a la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera autorización para la implantación del sondeo Río Segura-3".

Del mismo modo, la plataforma ha recordado que se trata de "una perforación que tiene previsto alcanzar los 2.500 metros de profundidad, en el término municipal de Calasparra, y que podría afectar a los acuíferos de la zona" y han añadido que "la empresa pretende realizar este sondeo a principios de 2018, además de haber solicitado  autorización para los trabajos planificados del 4º al 6º año de vigencia del permiso y que incluyen hasta tres pozos más que podrían llegar hasta los 5.000 metros de profundidad".

 


Desde la Plataforma también han señalado que "Oil & Gas Capital ha manifestado abiertamente su intención de utilizar la fractura hidráulica para la extracción de gas no convencional en el Noroeste". 

Igualmente, la plataforma ha denunciado "la hipocresía del propio Gobierno Regional que a la par que demanda agua sigue impulsando permisos de fracking poniendo en riesgo las aguas subterráneas y superficiales, máxime cuando este proyecto es competencia meramente autonómica. Esto significa, que en este caso el Gobierno del Partido Popular es el máximo y único responsable de la concesión de este proyecto, no pudiendo esconderse en la falta de competencias para  la paralización de esta amenaza".

Por último, la CSLF ha pedido a las fuerzas políticas y ayuntamientos "la movilización institucional y política con el objetivo de frenar estos trabajos con acciones efectivas". 

 

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