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Las políticas medioambientales de los partidos políticos ¿son contradictorias?

Concentración en contra del TTIP. (Foto: https://stop-ttip.org)

En tiempos de campaña son muchas las informaciones que llegan a la población sobre las distintas medidas y posiciones de los partidos políticos que concurren a las elecciones generales.

De este modo, el Partido Popular es la única formación que se muestra a favor de la utilización de la fractura hidráulica, más conocida como 'fracking', así como de poner un “impuesto al sol” o la creación de almacenes nucleares.

Otros, sin embargo, se muestran claramente en contra de estas propuestas, pero ¿incurren en contradicciones? Es el caso de PSOE y Ciudadanos. Estos han participado activamente en declarar municipios y comunidades Libres de Fracking pero, sin embargo se muestran favorables al TTIP (Tratado de Libre Comercio entre la UE y EEUU).  Este acuerdo armonizaría las regulaciones y normas que obstaculizan el libre comercio entre los países, suponiendo una amenaza importante para los estándares medioambientales y de consumo de ambos lados.

Además, el TTIP se encontraría regulado por el llamado ISDS (Acuerdo de Protección al Inversor o Investor-State Dispute Settlement), que permitiría a los inversores llevar a los gobiernos ante los tribunales internacionales de arbitraje si estas multinacionales ven que la normativa del país en cuestión impide su actividad.

Un ejemplo de ello, es la demanda por parte de la empresa canadiense Lone Pine Resources al gobierno de Québec (realizada en EEUU), por la moratoria en las explotaciones de fracking, que se ha saldado con una multa millonaria en compensación por la paralización de la actividad por incumplir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Comparativas

Greenpeace ha elaborado un gráfico con las propuestas medioambientales de los distintos partidos. “Es el resultado final de un análisis concienzudo en el que hemos comparado las propuestas electorales de cada partido –explican- con las demandas de Greenpeace, que habíamos trasladado previamente a los respectivos partidos para su inclusión en los programas”.

En el cuadro, se pueden apreciar las posiciones de los partidos en materia medioambiental y ver las contradicciones en las que pueden incurrir apoyando el TTIP en el parlamente europeo. Tan solo Podemos y Unidad Popular-Izquierda Unida están en contra del tratado transatlántico del comercio.

Podemos

Podemos apuesta por la creación de un Plan Nacional de Transición Energética, Plan Nacional de Ahorro Energético y un Plan Nacional de Energías Renovables (100%). El PNTE procederá de inversión público-privada en eficiencia energética y energías verdes (1,5% anual del PIB). Supondrá un coste de 16.000 millones, de los que 4.000 de ellos procedentes de las arcas públicas, que permitirán crear 300.000 empleos, en su mayoría en la rehabilitación de edificios.

Además, proponen la modificación del marco regulatorio para que todas las fuentes de energía recibían una retribución razonable basada en los costes reales de producción, facilitando que las fuentes de menor impacto ambiental tengan ventajas competitivas, en detrimento de las centrales nucleares e hidroeléctricas.

Incluyen una propuesta comunitaria alternativa a la actual Estrategia Energética de la Comisión Europea, que evite la promoción de gas natural, incorporación a la Constitución del derecho humano al agua, derecho de acceso a los recursos energéticos como parte de los derechos básicos y una garantía por ley del acceso a un suministro mínimo en el domicilio habitual mediante ley orgánica.

Proponen derogar el Real Decreto 900/2015 de 9 de octubre y aprobar una normativa que permita el desarrollo de autoconsumo eléctrico, regulado para evitar imposiciones para la energía autogenerada.

Así mismo, impulsar infraestructuras verdes (redes de transporte colectivo, ferroviario, eficiencia en el uso del agua, reforestación…) y planes de investigación de desarrollo e innovación (I+D+I) para el desarrollo de tecnologías verdes.

En caso de que las concesiones de empresas privadas del sector hidroeléctrico caduquen, el Estado recuperará la gestión de la misma, que quedará a cargo de las confederaciones hidrográficas, el Ministerio de Medio Ambiente y el operador del sistema; y el cierre paulatino de las centrales de carbón y nucleares, que no prorrogará el permiso de funcionamiento de las últimas, declarando así, España libre de energía nuclear en 2.024, garantizando la progresiva recolocación de los trabajadores afectados.

PSOE

Por su parte, el PSOE pretende recuperar las políticas de cambio climático mediante una ley que establezca objetivos y actualización, desarrollo sostenible y aplicar estrategias que favorezcan al ecosistema y las infraestructuras verdes. En este sentido, encomendarán al Banco de España la elaboración de un informe sobre la exposición de la economía y el sector financiero a riesgos climáticos y de carbono y realizarán una memoria anual sobre reducción de emisiones de CO2 y educación ambiental para favorecer la formación y la investigación en avance de las posibilidades de desarrollo de la economía verde.

Los ejes principales serán la eficiencia energética, la electrificación equilibrada en todo el territorio nacional, y las energías renovables, reduciendo la presencia de combustibles fósiles, restringiendo las autorizaciones de nuevas prospecciones de gas y petróleo y prohibiendo el empleo de las técnicas de fractura hidráulica. Revisarán la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas e implantarán un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida, comenzando con la clausura definitiva de Garoña (fecha límite del 2028). En este contexto, adoptarán decisiones sobre las instalaciones nucleares, incluidas el almacenamiento de residuos, garantizando la solvencia de los criterios técnicos y la seguridad.

Partido Popular

El Partido Popular promete la congelación de la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno, reducción de impuestos de generación eléctrica, el impulso de las interconexiones eléctricas con los territorios no peninsulares y entre islas, así como con el resto del continente europeo (10% para 2010) y otro impulso para las interconexiones gasistas para reforzar el mercado interior europeo de gas.

En cuanto a la minería establecerían un marco adecuado para que sea competitiva, cumpliendo con la normativa comunitaria, garantizando la protección social de los trabajadores y la financiación de las partidas destinadas a la reactivación de las comarcas mineras y su restauración medioambiental. Mantendrán las centrales nucleares como parte integrante del mix energético al contribuir a reducir el coste de la electricidad y se culminará la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) para disminuir los costes asociados a la gestión de los residuos nucleares.

España cumplirá en materia de cambio climático, y se seguirán potenciando la penetración de las energías renovables en el mix energético, especialmente en las islas, donde su coste es menor que las tecnologías convencionales. Se establecerá la exención del impuesto del valor de la producción de energía eléctrica a las nuevas instalaciones de energías renovables que se introduzcan en el sistema sin subvención y se reducirán las cargas administrativas y los plazos en la tramitación de procedimientos administrativos.

Proponen objetivos de ahorro energético para 2020, ampliar las subvenciones para disminuir los costes energéticos de las familias, un plan de eficiencia en todos los edificios públicos, así como impulso al vehículo impulsado con energías alternativas, la mejora de los consumos en el transporte por carretera, aumento del peso del transporte ferroviario eficiente y un plan de mejorar la eficiencia en las infraestructuras ferroviarias. Culminará su apuesta por contadores inteligentes para el 2018; reforzará la protección del bono social garantizando que tengan acceso a él todos los consumidores en situación de vulnerabilidad e impulsará la creación de fondos para la protección de consumidores con riesgo de exclusión. Gestión consensuada, sostenible, estable y solidaria de los recursos hídricos, que incorpore los recursos no convencionales, como el agua desalada y culminación de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación. Aplicarán estrategias para la conservación de flora y fauna, realizarán una nueva Ley de Costas, implantarán un sistema de información de vigilancia y prevención de la contaminación atmosférica y un plan específico para reducir la contaminación derivada del ozono. Además, revisarán la normativa de residuos de envases y del sistema de recogida y gestión de los residuos municipales, para mejorar su eficacia.

Ciudadanos

Ciudadanos apuesta por transición gradual hacia un nuevo modelo basado en las energías renovables, el autoabastecimiento, el ahorro y la eficiencia, así como en un modelo de producción descentralizado. Impulsarán la producción de biogás a partir de residuos del sector primario; y activarán el desarrollo y producción de biocombustibles y apuesta por mejorar la eficiencia energética de los edificios existentes, fomentarán la rehabilitación con criterios medioambientales y activarán la renovación del parque móvil y el impulso del vehículo eléctrico.

Promoverá que la política energética resuelva el déficit de tarifa y contribuya a la creación de un mix energético sostenible y equilibrado, garantizando el suministro energético y que suponga un ahorro en empresas y consumidores; modificación del sistema de formación de precios para disminuir los altos costes eléctricos para pymes y familias y acabar con el déficit de tarifa.

Fomentará la investigación (I+D+i) relacionada con las tecnologías energéticas sostenibles; impedirán que las empresas provenientes de los antiguos monopolios continúen formando parte de un mismo grupo empresarial (reducción de precios, mejora de la calidad, aumento de la eficiencia) y eliminarán cualquier traba al autoconsumo.

Contrarios al fracking: por los impactos y riesgos medioambientales, la escasez de yacimientos disponibles en nuestro territorio y la baja rentabilidad económica de las posibles explotaciones con las técnicas actuales. Fortalecerá la dimensión energética en la acción exterior europea a través del diálogo de la Alta Representante fortaleciendo la Carta Europea de la Energía, en favor de la seguridad energética, la competitividad y nuestra estrategia contra el cambio climático.

Potenciará el Medio Rural (empleo agrario, del turismo rural, agricultura ecológica y desarrollo de programas de recuperación de razas autóctonas),revisión del plan forestal, evaluación del impacto de la ley de costas y un Nuevo Plan Hidrológico. Frente al cambio climático, incentivar la rehabilitación de edificios en el sector residencial, comercial e institucional mediante una política de desgravaciones fiscales, fomento del uso de energías renovables y reducir las emisiones del transporte. 

Unidad Popular-IU

Por último, Unidad Popular-Izquierda Unida contempla la aprobación de un plan estratégico energético (a 20 años) para cambiar de modelo energético, con el objetivo de crear un polo energético público basado en ahorro y eficiencia, fuentes limpias y distribuidas y democratización del control.

 Nacionalización (revertir la privatización) de empresas energéticas estratégicas como Endesa o Repsol; creación de una empresa pública de energías renovables (capital 100% público y gestión pública; apostar por las energías renovables que deben ser la potencia más firme mediante la hibridación de la energía solar de concentración y la eólica con las centrales de biomasa y con centrales hidráulicas reversibles, sólo la instalación descentralizada de placas solares generaría a corto plazo, según sus cálculos, sin tener que realizar inversiones muy importantes, al menos 300.000 puestos de trabajo directos de cualificación media y media alta.

Crearían un organismo democrático de Planificación energética que controle, desarrolle y regule la aplicación del Plan; creación de una Compañía de Ahorro Energético (CAE) de titularidad pública y su total oposición a las centrales nucleares. Explotación unificada bajo control público de la generación eléctrica y del suministro de hidrocarburos; promoción de la investigación orientada a las necesidades sociales (protección del medio ambiente, energías renovables y limpias, salud laboral y ambiental); harán que los edificios y viviendas pasen de ser consumidores a generadores, mientras los vehículos de transporte deberán desarrollarse desde el consumo de energías fósiles. En cuanto al medio ambiente, además de la producción de energías limpias, la organización apuesta por garantizar la Soberanía Alimentaria, que significa: prioridad a las producciones locales agrarias y a la calidad en la alimentación; debe regular el acceso a la tierra, a las semillas, al agua y a los créditos; fomento de la agricultura y ganadería de producción ecológica; prohibir el uso de organismos modificados genéticamente (OMG) en la producción de alimentos; y apoyar la minería sostenible.

 

 

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