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España se pone al nivel de Haití o Albania en la violación de los derechos laborales

Manifestación contra la Ley Mordaza del pasado julio en Murcia. (Foto: Carlos Trenor)

La valoración de España en el informe anual que realiza la Confederación Sindical Internacional (CSI) respecto a las violaciones de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y trabajadoras en el mundo (se analizan 141 países) empeora año tras año desde la reforma laboral unilateral aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en junio de 2010.

Según estos informes, la CSI (que agrupa a 328 organizaciones, entre ellas CCOO y UGT) considera que la situación de España ha ido empeorando, fundamentalmente, tras la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

Sin embargo, hasta ahora, España seguía ocupando una calificación similar a la de los países de su entorno, algo que se ha roto definitivamente en el Informe 2015, donde queda situada en el nivel 3 (de cinco posibles) junto a otros 35 países donde se producen “violaciones regulares de los derechos laborales”, entre ellos, por ejemplo, Albania, Marruecos, Argentina, Haití, Hungría o Rusia, según informa cuartopoder.es. Muy lejos, en cualquier caso, del nivel 1 en el que permanecen Alemania, Francia, Italia o Uruguay.

Este nivel agrupa 3 a los países cuyo “gobierno y/o empresas interfieren con regularidad en los derechos laborales colectivos o no garantizan plenamente aspectos importantes de estos derechos. Existen deficiencias en la legislación y/o determinadas prácticas que posibilitan las violaciones frecuentes”.

Los motivos que han llevado a este descalabro español en el contexto internacional de los derechos de los trabajadores, según subraya la CSI, han sido fundamentalmente dos: los recortes a la libertad de expresión y reunión que ha supuesto la llamada “ley mordaza” y la persecución de la actividad sindical y del derecho de huelga en los tribunales.

Así, el informe denuncia que la nueva legislación española incluye una serie de modificaciones que “afectan gravemente” a los citados derechos mediante la aplicación de sanciones que van desde los 600 euros por no notificar a las autoridades toda manifestación en zonas públicas, “incluso en el caso de protestas pacíficas”, se precisa, hasta los 30.000 euros en caso de protestas que terminen en “una perturbación grave de la seguridad pública” e ,incluso, los 600.000 cuando se realizan protestas no autorizadas cerca de infraestructuras consideradas clave.

La otra denuncia sobre la actuación del gobierno español tiene que ver con lo que el informe califica abiertamente de “criminalización de la huelga”. “Cerca de 300 sindicalistas”, recuerda la CSI, “se enfrentan actualmente a procedimientos administrativos y penales. Si se suman las peticiones de penas de prisión en su contra, superan los 120 años de cárcel. Desde hace cuatro, la Fiscalía empezó a remitirse al artículo 315.3 del Código Penal, que contempla penas de tres a cuatro años y medio de prisión para los trabajadores”, informa cuartopoder.es.

La carta que firma Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, retrata la situación global vivida por los trabajadores en los últimos años y asusta por su descarnado parecido con la degradación de las condiciones de vida y los derechos laborales en España durante la legislatura que ha presidido Rajoy. “La desigualdad en nuestros países y en nuestros centros de trabajo está en aumento y más de 1.200 millones de personas subsisten en la más extrema pobreza… Los empleos no garantizan la subsistencia de las familias y  la democracia y los derechos democráticos de los trabajadores corren peligro y el poder de las empresas debe ser controlado”, comienza diciendo Burrow.

Y todavía va un poco más allá: “Los empleadores continúan minando las instituciones del mercado de trabajo, creando trabajo precario para millones de personas. Las instituciones internacionales están fracasando mientras que los intereses económicos geopolíticos dominan por encima de la paz, la democracia, los derechos humanos y la justicia social. Apenas hay una débil voz democrática contra la esclavitud y a favor de unas sociedades basadas en los derechos”.

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