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20-N, 42 años: Franco… ¿ha muerto?

Se ha podido desmontar en su mayor parte el andamiaje administrativo y jurídico del franquismo, pero se han conservado intactos –con los tuneados democráticos correspondientes– los esquemas económicos y, en buena parte, los sociales, construyendo un soporte argumental que ha permitido sobrenadar en amplios sectores de la población, desde diferentes pero no antagónicas percepciones, la idea de que Franco y su régimen merecen una benevolente crítica histórica, apoyada sobre todo en una carpeta de tópicos fuertemente instalados en la conciencia colectiva, en las casi tres generaciones siguientes al final de la guerra civil.

Mientras Hitler y el régimen nacionalsocialista, o Mussolini y el fascismo, han merecido la condena pública, jurídica, académica, cultural, social e institucional, no solo en Alemania e Italia, sino en toda la Europa occidental, en España se admite con la mayor naturalidad el debate sobre si Franco fue bueno o fue malo. ¿Cómo ha sido ello posible?

"Los años y el potente aparato publicitario del régimen han hecho olvidar interesadamente la conculcación de las libertades, la represión, el miedo, el hambre, la emigración, la injusticia social, la corrupción y el nepotismo"

La patrimonialización por el régimen franquista de conquistas sociales promovidas en su inicio por la II República, como la seguridad social, la pagas extraordinarias, las viviendas sociales, las pensiones, las grandes obras públicas o la reforma agraria, proyectos abortados por el golpe militar fascista de 1936, forma parte ya del marchamo franquista soldado a soplete en el pensamiento colectivo, a golpe de décadas de propaganda difundida por todas las vías transversales imaginables, cuya exitosa implantación ha calado no solo entre las élites beneficiadas particularmente por aquel régimen (las oligarquías económico-financieras, las Fuerzas Armadas o la Iglesia Católica), sino entre una extensa clase media urbana y agraria, que al paso de los años y con el concurso del potente aparato publicitario del régimen, ha ido decantando el recuerdo de los pasajes más oscuros del franquismo, olvidando interesadamente la conculcación de las libertades, la represión, el miedo, el hambre, la emigración, la injusticia social, la corrupción y el nepotismo.

Las razones de esta condescendencia, además de lo anteriormente considerado, debemos buscarlas en un hecho incuestionable, que ha marcado de forma determinante la sociología de los españoles: la impunidad del régimen franquista. Una impunidad jurídica sellada por la Ley de Amnistía de 1977, similar a las de “punto final” y “obediencia debida” recientemente anuladas en Argentina, Chile, Urugüay, Perú y otros países latinoamericanos, víctimas de golpes de estado del mismo signo ultraconservador. Una impunidad que ha trascendido a la sociedad española, a lo largo de los ochenta y un años transcurridos desde el 18 de julio de 1936, y los cuarenta y dos desde la extinción del dictador en 1975, consiguiendo colocar, de forma muchas veces inconsciente, la convicción de que puede salir gratis promover un acto de rebelión armada contra un régimen legal y legítimamente constituido (la República), el desencadenamiento de una guerra y su costo en vidas y destrucciones, así como cuatro décadas de terrorismo de estado y de privación de justicia y de libertades.

Nada esto sucedió tras el hundimiento del nazi-fascismo tras su derrota militar y la forma dantesca en que acabaron sus vidas el Führer y el Duce, los procesos contra los dirigentes por sus crímenes contra la humanidad, la ilegalización las leyes represivas y sus sentencias, y las operaciones de desnazificación y desfasticización social llevadas a cabo en la posguerra. El resultado de las políticas activas para restaurar la conciencia democrática en las naciones dominadas por el totalitarismo trajo como consecuencia la condena social de lo que el nazi-fascismo significó para sus países, y sirvió para asentar la convicción de que, tarde o temprano, delitos de tanta gravedad no quedarían impunes. Al propio tiempo, la memoria de los que combatieron en los frentes de batalla, o en la clandestinidad contra la opresión, pasó a ser un legado de ejemplaridad y heroísmo, que puede constarse por proximidad, a la concesión por Francia a los guerrilleros españoles de su máxima condecoración, la Legión de Honor, o la titularidad de una plaza pública, como lo ha sido “Le jardin des combattants de La Nueve” en Paris, en el aniversario de su liberación.

La etapa de la “Transición” no fue otra cosa que un cambalache vergonzoso, impuesto a la izquierda emergente por el aparato del franquismo sobreviviente, con el soporte amenazador de un ejército dispuesto a prolongar el statu quo con un “franquismo sin Franco”, con la colaboración necesaria de un PSOE made in Germany-USA, y de un PCE carrillista que no tuvo reparos en abrazar como suya la bandera franquista. Los Pactos de la Moncloa y la Ley de Amnistía terminaron por levantar un muro de silencio y de olvido sobre las causas de la guerra civil y sus consecuencias, presentando como cosa natural que acreditados criminales desarrollasen una vida aparentemente respetable, encaramados en cargos y puestos de relevancia social y económica, como si aquí no hubiera pasado nada.

El pasado 20 de julio, tuvo lugar en el patio del Ministerio de Defensa alemán, lugar en donde fueron ejecutados, el acto tradicional de homenaje al coronel Carl von Sataufenberg y demás víctimas de la represión tras el atentado contra Hitler. Darse una vuelta por el Museo de Historia de Berlín o simplemente deambular por sus calles, nos permite visualizar grandes y pequeñas referencias que recuerdan al Holocausto, a las víctimas del nacionalsocialismo y a la actuación de los resistentes. Desde los cientos de “stopelsteiner” (brillantes chapas de bronce insertadas en el mismo lugar en donde las víctimas fueron detenidas), hasta las placas, monumentos y estatuas que invitan a no olvidar lo que el nazismo representó. A través del mundo educativo, de las instituciones e incluso desde los ámbitos políticos, ¡e incluso religiosos!, se ha creado una conciencia colectiva de respeto hacia las víctimas y de condena y desprecio hacia quienes sumieron al país y a Europa en la noche más negra de sus historia.

El franquismo sociológico es una realidad preocupante, un síntoma de la falta de cultura democrática de un país en el que el franquismo, sus leyes, tribunales y sentencias represoras, son jurídicamente legales. Éticamente no es de fiar un país que eleva a la categoría de Monumento Nacional el Valle de los Caídos, que permite la existencia de la Fundación Nacional Francisco Franco, y que mantiene –con cargo a los presupuestos generales del estado– una arquitectura publicitaria profranquista como es la COPE, Intereconomía, La 13, editoriales y partidos políticos inequívocamente totalitarios como Falange Española, y una monarquía que, a diferencia de la mayoría de las europeas de los años 40 que combatieron al nazi-fascismo, se puso a las órdenes de Franco durante la guerra civil, y se postuló como continuador de su régimen en la figura de Juan Carlos I, como rey designado por el dictador.

Un país que no reconoce a sus nacionales asesinados en los campos de exterminio nazis, pero cuyo ministro de Asuntos Exteriores, García-Margallo, tras anunciar públicamente ante el Memorial español de Mauthausen en 2015, que su gobierno lo haría, una semana más tarde votaría negativamente sin que se le cayese al suelo su cara de hormigón armado.

La izquierda parlamentaria española, salvo alguna puntual excepción, ha sido cómplice de la impunidad con su silencio, cuando no con leyes subsidiarias de la de amnistía de 1977, como es la de la Memoria Histórica, que sin condenar jurídicamente el franquismo, ni declarar ilegales las sentencias represivas, deja transcurrir cuarenta y dos años sin Franco tolerando la humillación de las víctimas, la ofensa institucional a la legalidad histórica de la República sin promover políticas activas de memoria, de verdad, de justicia y reparación, a través de las cuales pudiera comenzarse a desmontar aquel andamiaje sociológico franquista del que hablábamos al principio.

Si el franquismo es legal –la reciente ley de anulación de sentencias no lo cuestiona– ¿cómo queremos que en el año 2017 no se considere como la cosa más natural del mundo debatir públicamente sobre si Franco fue bueno o fue malo?.

floren.dimas@gmail.com

 

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