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¿Justicia popular?

José Luis Cano Clares
Protesta en Pamplona tras conocerse la sentencia de 'La Manada'. (RTVE)

La sensibilización social respecto de las agresiones sexuales responde a episodios que han sido tratados extensamente por los medios de difusión, en particular el rapto y asesinato de Diana Quer, como el denominado como caso de “La Manada”, con amplia repercusión en una opinión pública que exige reformas o medidas que intenten la salvaguarda de las víctimas. A ojos de una parte importante de colectivos organizados en plataformas o grupos de opinión, los protagonistas de estas agresiones deberían ser enjuiciados dentro de un marco más restrictivo que el actual, o ser objeto de un régimen penitenciario que impidiese su puesta en libertad en tanto no quede acreditada su rehabilitación. En el sentido de ampliar las condenas, o reducción en cierto modo de las garantías procesales, lo que supondría en definitiva un retroceso, cediendo a cambio de una hipotética seguridad, en el sistema derechos y libertades públicas, ante ese interés en castigar de modo inmediato al presunto agresor, respondiendo las propuestas en estos casos a demandas populares.

“El voto particular pone en cuestión la sentencia, dedica 200 folios a desacreditar a sus compañeros de tribunal y a la víctima, y se enfrenta, desde una posición ideológica, a esa demanda popular que exige respuestas contundentes a hechos tan palmarios como que cinco varones penetren bárbaramente a una muchacha”

Las reacciones que se han producido desde la calle hasta los partidos políticos frente a la sentencia de la Audiencia de Navarra, rompen con una tradición de respeto, o al menos indiferencia, ante las resoluciones judiciales que, acertadas o no, deben obedecer a criterios de naturaleza jurídica, respondiendo, en lugar de a apreciaciones personales como nos sucede al común de los ciudadanos, a cuestiones tasadas dentro de un procedimiento que exige dar garantías a las partes, tanto al denunciante como al denunciado, de manera que quien denuncia asume la necesidad de que los hechos terminen por ser probados, y que para el tribunal concurran todas las circunstancias que exige la calificación de los delitos, en función de la que se hace de los hechos probados. De otro modo estaríamos a expensas de la discrecionalidad, las apreciaciones subjetivas o incluso los prejuicios, que han de ignorarse por quienes deben impartir justicia.

La sentencia llega en un momento en el que socialmente estaba formada una opinión generalizada sobre los hechos y los demandados, personas a las que, como mínimo, se atribuye una conducta desordenada, a los que se entiende como culpables de una violación múltiple en grupo a una mujer indefensa. De modo que, desde el punto de vista de esta opinión popular, son inequívocamente culpables y en consecuencia deben ser condenados por esos delitos. La sentencia y en especial el extenso voto particular, a pesar de que no altera sus efectos, chocan con esta concepción social e irritan de manera especial como consecuencia, entre otras cosas, de las desafortunadas manifestaciones respecto al regocijo, jolgorio y placer que, respondiendo a apreciaciones personales ajenas a los hechos, puedan darse dentro de una relación brutal e indeseable, propia del porno duro. Un voto particular que contribuye a la confusión y pone en cuestión la bondad y el crédito de la resolución.

Se trata de una elucubración que cuestiona la sentencia y contradice la opinión creada en torno a este asunto, que esta vez, indignada, reacciona en forma airada con manifestaciones multitudinarias o declaraciones en el sentido de rechazar las conclusiones y reafirmarse en lo explicitado: que los hechos constituyen una serie de violaciones, agresiones en contra de la voluntad de la víctima, de cuya denuncia nadie duda. El voto particular pone en cuestión tanto la sentencia como, por extensión, el prestigio del tribunal o los jueces en concreto, dedicando de modo innecesario e incomprensible doscientos folios a desacreditar a sus compañeros de tribunal y a la víctima, y enfrentándose, desde una posición ideológica, a esa demanda popular que exige respuestas contundentes a hechos tan palmarios como que cinco varones penetren bárbaramente a una muchacha. Son hechos cuya valoración social está al alcance de cualquier persona.

Las reacciones, tanto de los políticos, quizás oportunistas, como de las corporaciones de jueces o fiscales, no se han hecho esperar; unos alineándose con los manifestantes y sus reclamaciones, mientras que los otros cierran filas, acusando a la reacción de los movimientos ciudadanos de desproporcionada y rechazando como intromisión las opiniones de los políticos. Todo ello sin la menor referencia crítica a lo actuado, reclamando para sí un respeto al papel de los tribunales que debería hacerse extensivo al magistrado discrepante, quien con su empecinamiento ha contribuido a esa sensación de alarma en que se apoyan los reproches que tanto desde la calle como de los numerosos foros de opinión cuestionan la sentencia.

Se echa en falta por parte de los estamentos judiciales o por los protagonistas una mínima crítica o una disculpa. En estas circunstancias, el recurso fácil de procurar cambios legislativos a medio plazo no puede dar lugar a una disminución de las garantías procesales o los derechos y libertades. El sistema judicial queda, entre tanto, puesto en cuestión.

 

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