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Una corona desigual

Juan A. Gallego Capel
(EFE)

Lo cierto es que la niña Leonor no tendría ninguna posibilidad de heredar el trono en caso de haber tenido un hermano. Como tampoco la habría tenido su padre si el dictador Generalísimo no hubiera designado como su heredero a su abuelo. Contradictorio principio de igualdad dicta nuestra vigente Constitución que hace imprescindible su reforma.

El PSOE anunció una reforma constitucional allá en 2004, cuando accedió a la Presidencia del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Llegó a elaborarse un extenso documento sobre las distintas propuestas de reforma: el Dictamen del Consejo de Estado de 16 de febrero de 2006. Sin embargo, no llegó a iniciarse, se guardó en un cajón. Alguien debió pensar que cabía la posibilidad de que se abriera el debate y, con él, el temor de que la consulta popular sobre si debía eliminarse la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona se transformase en una consulta sobre la elección entre Monarquía y República.

“Para los republicanos, cuesta asimilar a la princesa, los reyes y la infanta postrados en acto oficial refrendado por el Gobierno ante la Virgen de Covadonga, y que el arzobispo de Oviedo pidiera la protección de la Virgen a la Familia Real en un momento tan decisivo y delicado para España

La preferencia que el artículo 57 de la Constitución establece de los varones sobre las mujeres, una reforma sobre la que en principio están de acuerdo el resto de los grupos políticos. Ahora bien, como este cambio constitucional afecta a la Corona, requerirá para su aprobación el voto de dos tercios del Congreso y dos tercios del Senado y, lo que es más importante, la disolución de las Cortes, la celebración de elecciones, la luz verde de las dos cámaras una vez reconstituidas y un referéndum posterior. Pienso que ahora lo más oportuno sería promover esa reforma coincidiendo con el fin de la legislatura.

España es la única monarquía europea, junto con Mónaco y Liechtenstein, que sigue discriminando a la mujer en la línea sucesoria, al contrario de lo que ocurre en Reino Unido, Holanda, Bélgica, Noruega o Suecia. La sucesión en el trono sigue el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

Que Leticia y Felipe decidieran no tener más descendientes relajó el denominado y complejo “procedimiento agravado” que se tendría que poner en marcha si se decide reformar la Constitución. A todo esto, la Monarquía española se proclama y es refrendada por el Gobierno de turno en reiteradas ocasiones, manifiesto de confesión que si la hicieran a título personal no sería objeto de crítica.

Para los republicanos como yo, cuesta asimilar a la princesa, los reyes y la infanta postrados en acto oficial refrendado por el hoy Gobierno socialista ante la Virgen de Covadonga, y que el arzobispo de Oviedo pidiera la protección de la Virgen a la Familia Real “en un momento tan decisivo y delicado para España”, dijo.

En resumen, el rey y su familia carecen de poderes jurídicos propios y las competencias que le atribuye la Constitución, si exceptuamos la distribución de la cantidad presupuestaria destinada al sostenimiento de su familia, casa y el nombramiento de los miembros civiles y militares de la misma, han de entenderse en función del principio de irresponsabilidad y consecuente refrendo. Por ello, las competencias que respecto a las relaciones de cooperación con la Iglesia católica le pudieran corresponder, las valoro desde la óptica de su irresponsabilidad, siendo responsable el miembro del Gobierno que la refrenda; por tanto, quien decide es el Gobierno. Quien quiere que se le respete su estatus de símbolo del Estado debe empezar por no denigrarlo a él mismo al incumplir el mandato constitucional de aconfesionalidad y faltar al respeto a los ciudadanos a quienes debe servir.

Así que, ¡al loro!