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Miopía tozuda, burbuja inmobiliaria

Juan A. Gallego Capel

Corría el año 2000 cuando el sector de la vivienda comenzó a crecer desaforadamente. Los precios subían un 17% anual con una inflación muy reducida, lo que implicaba un elevado crecimiento en términos reales. Cada año se iniciaban una media de unas 600.000 viviendas, llegando al récord de 762.540 en 2006, más que en Alemania, Italia, Francia y Reino Unido juntos. Las grúas eran habituales del paisaje, casi un elemento de orgullo nacional.

Allá por el año 2003, el entonces ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos sentenció: “No hay indicios de burbuja inmobiliaria. El avance de la demanda se produce por los bajos tipos de interés y la ventaja comparativa que ofrece la inversión en vivienda frente a otras alternativas. A mí lo que me preocupa es reducir el peso del coste del suelo y aumentar la oferta de vivienda protegida.

“En España falta oferta de vivienda a precio razonable y acorde con la capacidad adquisitiva y de endeudamiento de los diferentes estratos sociales para poder acceder a ella”

El crédito barato y fácil para todo el mundo hizo el resto; tan sólo entre 2001 y 2007, el crédito al sector inmobiliario creció un 250%. Se había generado una burbuja de consecuencias inimaginables, una crisis de sobreendeudamiento desorbitado. En el punto de máximo apogeo en 2007, del total del crédito, el 60% se concentraba en la construcción, compra y venta de viviendas, especulación a troche y moche. Años después, aquello era insostenible y la crisis financiera global contribuyó a que el ajuste fuera más violento. Se ponía fin al milagro económico de España.

La burbuja inmobiliaria que estalló en mil pedazos empujó al país a los seis millones de parados, a una ola de desahucios y al debate de qué economía queríamos en el futuro. Pero parece que nada se aprendió. Ahora no hay dato positivo sobre la construcción que no haga temblar las rodillas. El acceso a la vivienda es un derecho y no una inversión, y por tanto el Gobierno no puede permitir que vuelva la especulación. Es responsabilidad del Gobierno que la primera vivienda, la habitual, esté al alcance de los ciudadanos. La vivienda se convirtió en un activo no financiero en el proceso general de financiación. Sólo así se puede explicar que más de tres millones de viviendas estuvieran vacías mientras que la juventud no puede emanciparse por falta de vivienda asequible.

El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó un absurdo Plan Estatal de Vivienda. Digo absurdo por considerar que es una pérdida de tiempo para actualizar las políticas de vivienda que los españoles necesitan. Dar ayudas al alquiler a jóvenes y mayores puede resultar útil, pero debe ir acompañada de otra serie de medidas encaminadas a incrementar el número de pisos que se pongan en alquiler, medidas que apunten directamente a una movilización de la oferta. De qué sirve que se den ayudas al alquiler cuando en algunas ciudades escasean los pisos donde es posible emplear esas ayudas.

En España falta oferta de vivienda a precio razonable y acorde con la capacidad adquisitiva y de endeudamiento de los diferentes estratos sociales para poder acceder a ella, y de esto se tienen que ocupar las tres administraciones públicas. La política económica liberal acabó con la vivienda protegida (VPO). Lo que ahora sean actuaciones “protegidas” por las administraciones lo serán sobre la base de la capacidad de innovar, y de la osadía que los agentes autonómicos y locales sean capaces de arrogarse tanto en la normativa sobre vivienda como en los planes autonómicos y municipales.

 

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