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Avanzar hacia la laicidad

Juan A. Gallego Capel

La ponencia marco del 15 Congreso del PSRM, que se celebrará este próximo fin de semana, expresa literalmente que la Región de Murcia debe avanzar hacia la laicidad que garantice los valores, derechos y libertades civiles, adecuando su legislación a las características propias de una sociedad abierta, plural y compleja, en la que se respetan las convicciones y expresiones ideológicas, religiosas, culturales y de género de todos los ciudadanos y ciudadanas. Dice también que nuestra naturaleza laica (la de los socialistas) ha de traducirse en una potenciación de la educación y en valores laicos, que se orienten a lograr que los centros educativos sean espacios de convivencia y escuelas de ciudadanía, reforzando el futuro y el valor de la democracia.

“El hecho de que el proyecto laicista siga en 2017 en un segundo o tercer plano de prioridades políticas no nos conduce nada más que a la injusticia y a propiciar, en mayor o menor grado, fanatismos indeseables”

Llevamos esperando casi 40 años y, aunque siempre es buen momento para hablar de laicismo y laicidad, esto es, de democracia, de derechos, en especial del derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia, pero más ahora que se habla tanto del respeto al Estado de Derecho y al cumplimiento de la ley, bastaría tan sólo con cumplir la vigente Constitución. Es cierto que tenemos un panorama político muy convulso, complejo, frentista y ello ayuda poco o nada. Además de que hay alguno que en privado opina que “no son los mejores momentos”, que “existen otras prioridades políticas por encima de la laicidad”.

Para ser justos, hay que indicar que existen muy pequeños gestos simbólicos a nivel local y territorial que a veces chocan con las leyes estatales, como las relacionadas con la cuestión tributaria, las inmatriculaciones o la enseñanza. E incluso algunas de esas iniciativas y actitudes políticas de carácter laicista minoritarias, no ya sólo chocan con la derecha política más ultramontana y con una parte de la ciudadanía de ese municipio o entorno territorial, sino, en ocasiones, con la oposición de los “aparatos” de los mismos partidos políticos.

El desarrollo progresivo de la laicidad debe ser considerado como un hecho positivo. Es la lenta maduración de la sociedad hacia una cultura del pluralismo, del respeto a la diferencia; es avanzar hacia la creación de aquellos espacios de libertad que hacen posible el diálogo entre todas las ideologías filosóficas o religiosas, creyentes o no. Y, puesto que el único garante de este espacio público es el Estado, laicidad significa la autonomía del Estado, de las administraciones públicas, respecto de cualquier magisterio o manifiesto religioso que pretenda imponerse como predominante.           

Afirmar que el hecho de que los “principios democráticos” como es el proyecto laicista sigan en 2017 en un segundo o tercer plano de prioridades políticas, mientras que se sigue siendo cómplice de los privilegios de la Iglesia Católica, e incluso se hayan aceptado y sigan vigentes (en las leyes actuales) algunos de sus dogmas, no nos conduce nada más que a la injusticia y a propiciar, en mayor o menor grado, fanatismos indeseables.

Ante este panorama, muy poco alentador desde el punto de vista de la política, que espero cambie en las próximos años por el bien de la Democracia y el Derecho, sólo cabe generar estados de opinión favorables. Para ello, la movilización ciudadana, la formación, la denuncia… son elementos fundamentales. Y ahí estamos los que defendemos que el proyecto laicista es (debería ser), no me cabe la menor duda, un factor clave en el futuro.

 

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