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La Agencia del Clima y del Medio Ambiente (ARCA) es para el verano

Francisco Saura

En otros artículos hemos escrito que el territorio de la corrupción en la política española ha sido el de los contratos públicos y el de la llamada “colaboración pública-privada”, esta última entendida como la cesión al mercado de servicios públicos altamente rentables y sin riesgo para los adjudicatarios privados. Aunque en la mayoría de los casos nos hemos centrado en la Región de Murcia, no es difícil concluir que ha sido una práctica generalizada en todo el país. Nuestra actuación en el ámbito sindical, nuestra defensa de los servicios públicos de calidad frente a los ejes privatizadores de lo público y nuestra experiencia en las luchas contra la destrucción de empleo público de la última década tienen un nuevo reto en las próximas semanas: la muy posible presentación en la Asamblea Regional de Murcia de dos leyes: la primera de aceleración económica y la segunda de la creación de la Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente (ARCA). Debemos hacer notar que junio y sobre todo julio se han convertido en meses críticos para la deriva del Ejecutivo regional en su búsqueda de aprobar medidas impopulares, ya sea mediante decreto-ley ya sea mediante proyectos de ley.

“La Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente parece que ha decidido que el Medio Ambiente es un lugar de oportunidades de negocio, de creación de riqueza y de desarrollo imparable de la economía murciana. No sabemos cómo ha llegado a esa conclusión teniendo en cuenta su pésima gestión en este ámbito"

La aceleración de la privatización de los servicios públicos en la Región de Murcia se ha visto beneficiada por las políticas de empleo público del Gobierno central para reducir el tamaño de las Administraciones Públicas, para llevarlas a la situación de no poder prestar determinados servicios públicos por inexistencia de recursos humanos y técnicos. Hablamos de las tasas de reposición del Real Decreto-Ley 20/2012, de 14 de julio, y de toda la normativa, tanto estatal como regional, que ha dejado sin estructuras, sin personal y sin capacidad de trabajar a numerosas consejerías y organismos autónomos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En los últimos cinco años hemos asistido a inicios de verano acompañados de medidas del Ejecutivo regional, o de determinadas consejerías y organismos autónomos, orientadas a privatizar servicios públicos aprovechando el periodo vacacional. Ya en 2013, en junio el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) decidió cerrar el Centro Ocupacional de Espinardo para distribuir a sus usuarios entre diversos centros gestionados por asociaciones del llamado Tercer Sector, que habían realizado inversiones para la atención a la dependencia y que se vieron inmersas en la crisis económica y con los recortes del Estado y de las comunidades autónomas en Servicios Sociales. La movilización de los trabajadores, de las organizaciones sindicales y del AMPA del centro contra el cierre fue modélico y se desarrolló hasta finales de julio con manifestaciones, cadenas humanas alrededor de la Catedral de Murcia, ruedas de prensa e implicación de partidos políticos y de otras administraciones públicas como el Ayuntamiento de Murcia. Fueron semanas de ilusión ante la respuesta de la sociedad y la originalidad y frescura de las actividades desarrolladas por todas las personas que nos implicamos, desde diversos sectores, en la lucha contra el cierre del Centro Ocupacional de Espinardo. Finalmente la decisión de la gerencia del IMAS, acompañada siempre del desprecio a nuestra defensa de los servicios públicos por parte de la misma, fue inamovible.

En el verano de 2017, los trabajadores y las organizaciones sindicales nos opusimos a la privatización de la ITV de Alcantarilla, la única estación de estas características que no fue cedida como concesión en 1997 a determinadas empresas privadas. Al mismo tiempo se desarrolló la lucha de los trabajadores de las ITV concesionadas contra la liberalización del sector. Realizamos huelgas, ruedas de prensa y concentraciones a las puertas de la sede del Consejo de Gobierno y de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente. El culebrón organizado por el anterior consejero continúa hoy en día sin regulación del sector, con la proliferación de ITV como setas en otoño montadas a toda prisa para que no se les pueda denegar la autorización administrativa, con el hundimiento salarial en lo laboral y con dudas razonables sobre qué entiende el Gobierno regional por interés público, por seguridad vial y por protección del medio ambiente. Finalmente la ITV de Alcantarilla no fue privatizada pero el deseo de la consejería responsable en la materia de que se hunda por negación de recursos técnicos y humanos sigue intacto.

A mediados de 2018 se nos anuncia una nueva batalla. La Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente parece que ha decidido que el Medio Ambiente es un lugar de oportunidades de negocio, de creación de riqueza y de desarrollo imparable de la economía murciana. No sabemos cómo ha llegado a esa conclusión si tenemos en cuenta su pésima gestión en este ámbito, la deserción imparable de los miembros del Comité Científico del Mar Menor, las casi 600 páginas del “Análisis de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del campo de Cartagena” (BOE, 5 de junio de 2018), la decisión política de crear el ARCA con la participación de la CROEM en la definición de su organigrama y de su funcionamiento. La teoría que dice manejar la consejería competente es que la citada Agencia será la solución a todos los problemas, desde la necesidad de personal en la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor hasta la rápida resolución de los expedientes que hoy se acumulan en las mesas del escaso (y extraordinario) personal público que trabaja en el ámbito del Medio Ambiente, que la creación del ARCA va a suponer ponerlo en valor económico.

Como siempre, nos encontramos ante la reiterada actuación de los poderes públicos cuando quieren privatizar: prometer eficacia y eficiencia ante la lentitud de la maquinaria burocrática. La falta de personal en las direcciones generales de Medio Ambiente y el Mar menor y del Medio Natural no es responsabilidad del austericidio practicado en las Administraciones Públicas desde 2010 y en el sector medioambiental murciano desde muchos años antes; la ausencia de normativa regional y protocolización de la misma tampoco; la inexistencia de una estructura operativa menos aún. El ARCA será el bálsamo de fierabrás que todo lo solucionará. Las dudas sobre en qué situación quedarán las potestades públicas y el interés general no parecen tener importancia alguna.

En las próximas semanas, entrarán en la Asamblea Regional de Murcia dos leyes polémicas. Desde el ámbito de defensa de lo público, del empleo público y del interés general, FSC-CCOO se va a posicionar por la gestión pública directa del Medio Ambiente, por la necesidad de crear empleo público en las dos direcciones generales citadas y por estabilizar el existente, por el desarrollo de una legislación regional que adapte y mejore la estatal y la comunitaria, por la creación de una estructura profesional e independiente en las mismas. Creemos que julio va a ser, no solo por causas estacionales, un mes muy caluroso.

 

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