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La épica y la Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente

Francisco Saura
El nuevo Gobierno regional del presidente López Miras. (Foto: ORM)

2012 fue un año duro para la Administración regional de Murcia. Se inició la severa destrucción de empleo público, lo que conllevó sufrimiento en lo personal y en lo familiar para mucha gente que fue cesada y que, en muchos casos, no volvió a ser contratada ni siquiera con la llamada “recuperación” que se inició formalmente, Montoro por medio, en 2015. El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE, 14/07/2012) fijó la nueva política de gestión de recursos humanos de las administraciones públicas españolas. De las muchas medidas que contempló el Real Decreto-ley, la congelación del Capítulo I (Personal) de los Presupuestos Generales y el establecimiento de tasas de reposición de personal variables dependiendo de los sectores públicos son las más longevas y las que gozan de mejor salud (y respetabilidad) a ojos del Gobierno central. En la Región de Murcia vino precedido por la Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de Función Pública y de un plan menos conocido, el Plan de Reequilibrio Económico-Financiero 2012-2014. Hasta la llegada de un nuevo consejero de Economía y Hacienda en enero de 2012, la Comunidad Autónoma vivió en el desconcierto y la improvisación, al menos desde diciembre de 2010 con otra ley que tuvo una respuesta contundente en la calle y dio inicio a las grandes movilizaciones de finales de 2010 y enero y febrero de 2011, hasta los duros recortes de mediados de 2012.

“La congelación del Capitulo I de los presupuestos de las administraciones públicas buscó desde el principio la entrega de servicios públicos, en este caso por definición rentables, al sector privado”

El consejero citado, que últimamente anuncia la caída electoral del PP murciano, no tembló al aplicar los recortes, iniciándose un periodo intenso de destrucción empleo público e incluso del no público. En este último caso todavía se recuerda el ERE del Parque Científico de Murcia con la única finalidad de abrir las puertas a la creación de un data center privado, que en la actualidad presta onerosos y deficientes servicios informáticos a la Administración regional. Estamos en el periodo de la supresión de puestos de trabajo vacantes y vacantes reservados, también de la tasa de reposición del 10% (de cada 10 plazas vacantes por jubilación se suprimían 9) o de las congelaciones o recortes salariales en una administración pública en la que el empleo propio no era suficiente y se recurrió, sobre todo desde la llegada del PP al poder en 1995, a las asesorías técnicas externas y a la llamada colaboración público-privada, una administración paralela a la que se recurría posiblemente para burlar los criterios establecidos desde 1995 por el Tribunal Constitucional para acceder a las administraciones públicas. A la destrucción de empleo público se unió en determinados servicios la rescisión de contratos con las asesorías externas, y a la falta de personal, cada vez más acuciante, se respondió con el Programa de Redistribución de Efectivos.

La tasa de reposición de efectivos es para el Gobierno central una línea roja en la gestión de recursos humanos de las administraciones públicas. En realidad, el aumento del déficit público de los últimos años se ha producido por la caída de la recaudación y por la sustitución de la gestión directa de los servicios públicos por determinadas fórmulas de colaboración público-privada. Nuestra Región no se ha arruinado por el empleo público, ni por la supuesta burocracia que ha impedido vivir en una tierra de libertad. Podría afirmarse que la congelación del Capitulo I de los Presupuestos de las Administraciones Públicas buscó desde el principio la entrega de servicios públicos, en este caso por definición rentables, al sector privado, precisamente ese ámbito de confusión del interés público con el privado, de puertas giratorias y centro de la mayoría de los escándalos de corrupción que desde hace años están socavando la confianza en la democracia española. Mientras esto ocurre, las potestades públicas y el interés general como centro de la res publica están siendo intensamente socavadas por la incapacidad de cumplir la normativas europeas y estatales sobre, entre otras materias, salud pública, salud vegetal, protección medioambiental, riesgos laborales y un largo etcétera.

“El medio ambiente pertenece a casi un millón y medio de murcianos y murcianas que preferirían que su gestión no estuviera en manos de los que lo ven como negocio y no como patrimonio a recuperar, conservar y fomentar”

Llegado a este punto, queremos centrarnos, aunque hay otros como ya hemos dicho y escrito anteriormente, en las noticias poco tranquilizadoras sobre el futuro de la Dirección General de Medio Ambiente, que ha vivido en las últimas semanas sumida en la intranquilidad y el rechazo a actuaciones judiciales y administrativas que afectan directamente a su personal. El recurso a la épica, a la tierra de frontera, a la conquista de la libertad, el llamamiento a los valientes frente a los cautelosos o amedrentados, al que recurrió el presidente murciano López Miras en la toma de posesión de los nuevos consejeros, se reproduce continuamente cuando se habla o se escribe sobre ARCA (Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente), que próximamente sustituirá a las fusionadas Dirección General de Medio Ambiente y del Mar Menor. El consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, declaró el pasado 29 de abril en La Opinión de Murcia que “el empresario que no vea el medio ambiente como una oportunidad de generar riqueza se quedará fuera del mercado”, añadiendo que “el medio ambiente es una oportunidad de negocio” y que la regeneración del Mar Menor “le apasiona”. En este último caso, desconocemos si el interés es por el negocio o por el reto científico que supone. Acaso su opinión sobre la araña finlandesa pueda indicarnos algún dato sobre el particular. ARCA será una agencia de gestión público-privada, al parecer propuesta por la CROEM y aceptada con entusiasmo por el Gobierno regional. Quizá habría que decir que tal entusiasmo solo puede provocar miedo a una ciudadanía que ha contemplado la destrucción sistemática de una joya natural como es el Mar Menor. Y tal vez habría que añadir que el medio ambiente pertenece a casi un millón y medio de murcianos y murcianas que preferirían que su gestión no estuviera en manos de los que lo ven como negocio y no como patrimonio a recuperar, conservar y fomentar. Desde una perspectiva neoliberal no debería existir patrimonio natural público y la legislación debería reducirse a la resolución de conflictos entre particulares propietarios del agua, del bosque, del río o del aire que se respira. Pero eso es lo que piensan ellos y los que tienen arranques épicos tipo Gobierno regional.

Vienen meses de conflicto alrededor de la defensa del medio ambiente regional. La colaboración público-privada, el zorro en el gallinero, el socavamiento de las potestades públicas de los funcionarios, y de su obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes, por una dirección política que parece tropezar eternamente con la misma piedra lo anuncian. La defensa de lo público es la defensa de lo poco que se ha mantenido intacto en la crisis multifactorial de la última década: el hacer cumplir la ley y atender al interés general. El ARCA está en otra onda. La de la colaboración público-privada, la del encarecimiento y deterioro de los servicios públicos puestos en bandeja a los defensores del capitalismo de boletín oficial o de amiguetes. Poner la épica al servicio del negocio no es razonable ni recomendable. La épica se pone al servicio de la sociedad. La épica y todo lo que nos pertenece, que no es poco aunque algunos intenten que sea humo.

 

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