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España apuesta por la sobrepesca

Federico G. Charton

Hace unos días los países miembros de la UE, tras muchas horas de negociación, llegaron a un acuerdo para fijar las cuotas de pesca para el año 2018, los llamados Totales Admisibles de Capturas (TAC). Una vez más, España, a través de la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha preferido continuar con la sobreexplotación de los mares antes que garantizar las reservas pesqueras para el futuro. Lo que la ministra denomina “mejoras sustanciales” en la cuota de capturas supone, en realidad, mantener la presión sobre las especies comerciales, como la merluza, el jurel, el rape, el gallo, el lenguado, el atún rojo o la caballa, entre otras, poniendo en peligro su conservación.

“España defiende esta postura insostenible sin tener en cuenta que, de seguir con estas prácticas, además de esquilmar los mares y modificar los ecosistemas, los empleos que se dice defender se verán afectados negativamente”

Frente a la propuesta de la UE de rebajar las cuotas, siguiendo las advertencias de los informes técnicos que así lo aconsejan, debido a la situación de insostenibilidad en la que se encuentran muchas de las especies, el Gobierno español insiste en aumentar las capturas. Así, los expertos recomendaban una reducción en un 30% en la captura de merluza del caladero sur. Sin embargo, España ha conseguido que esa reducción se rebajara al 12%, incrementando la presión sobre esa especie. La negociación del Gobierno español, que ha cedido a las presiones del lobby de la pesca, Cepesca, asociación empresarial que agrupa a pescadores y armadores españoles, supone un aumento de 6.000 toneladas en la cantidad pescada para la flota de Gran Sol, el Golfo de Vizcaya y del Golfo de Cádiz. España es el país europeo con porcentajes más altos de sobrepesca, pescando un 38% por encima de la cantidad recomendada por los científicos para el mantenimiento óptimo de los caladeros, entre 2001 y 2017, es decir, casi un millón de toneladas de pescado de más, según un informe del Observatorio Corporativo Europeo (Corporate Europe Observatory).

El propio Ministerio de Pesca admite que el Mediterráneo está esquilmado. El 93% de las variedades objeto de pesca en este caladero están en mal estado, pero se sigue aumentando su captura, llevados por la búsqueda de beneficios inmediatos. Esta situación puede traer consecuencias contrarias a las que se quiere conseguir al defender este nivel de capturas. Los datos del Ministerio de Agricultura y Pesca indican que, entre 2011 y 2016, a pesar del aumento de las capturas, la flota ha ido disminuyendo año tras año, sobre todo en la flota artesanal, es decir, en la mayoría del sector pesquero. Greenpeace denunció, ya en 2013, en su informe Empleo a bordo, que se habían destruido más de 50.000 empleos en los 20 años anteriores y que, de no cambiar, en los próximos años se perderían otros 14.000 más. La flota industrial, que es la que recibe mayoritariamente subsidios por parte de las instituciones, es la máxima responsable del agotamiento de los mares. En todo el mundo se reparten anualmente 30.000 millones de dólares en subvenciones a la pesca, el 70% de las cuales van a parar a países ricos (entre ellos España, que ha recibido 1.100 millones de euros) y a prácticas insostenibles e incluso ilegales.

El Gobierno español vuelve a utilizar el argumento de la creación de puestos de trabajo para defender esta postura insostenible de mantenimiento de la sobrepesca, sin tener en consideración que, de seguir con estas prácticas, además de esquilmar los mares y modificar los ecosistemas, los empleos que se dice defender se verán afectados negativamente. La solución debe venir por la aplicación de criterios de pesca sostenible, es decir, aquella que garantiza el mantenimiento de la diversidad y disponibilidad de los recursos pesqueros. Estas prácticas, resumidas en el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, pasan por aplicar el principio de precaución cuando falte información científica fiable sobre el estado de las pesquerías, declarar reservas marinas como parte integrante del plan de ordenación, no operar en áreas ni en hábitats sensibles, proteger áreas importantes como las zonas de reproducción y de alevinaje, promover la pesca artesanal, minimizando los descartes y evitando el uso de métodos destructivos como el arrastre de fondo o el uso de explosivos y venenos y, en resumen, mantener las poblaciones de todas las especies objetivo en un nivel saludable, así como operar de manera social y económicamente justa y responsable. Sólo así se garantizará que dispongamos de pescado en nuestros platos en el futuro.

 

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