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Errores o pucherazos: hay que evitarlos

Domingo Sanz

Ahora que asoma el 21-D conviene recordar que el 7-O de 2016 el Ministerio del Interior, todavía con Fdez., tuvo que emitir un comunicado oficial en el que reconocía “errores informáticos” en los censos electorales de las elecciones del 20-D de 2015, la legislatura fallida. En resumen: una parte de la información oficial que se estuvo ofreciendo a través de Internet durante diez meses había sido falsa. El ministro se negó a explicar en qué consistieron los “errores informáticos” y la Junta Electoral Central no se reunió para reclamárselo. ¿Por qué?

"Reclamamos al Gobierno que publique en Internet todas y cada una de las actas electorales de todas las urnas que se convoquen, y no solo los acumulados, que es lo que se hace ahora"

Ante esa negativa, y dado que el PP contaba con la condena judicial por la Operación Mapau en Baleares, mediante la que transfirió votantes CERA  (Censo de Residentes Ausentes) controlados desde fuera de España a una circunscripción pequeña para ganar mediante ese fraude un diputado que podía ser decisivo, los que estuvimos trabajando en la investigación y posterior denuncia de las irregularidades seguimos sospechando que para el 20-D de 2015 podría haberse organizado una maniobra similar en Castilla y León concentrando, a efectos de recuento y en León, los votos CERA que correspondían a las otras provincias.

De aquella movida siguen pendientes varias demandas. Entre otras cosas, estamos reclamando al Gobierno que publique en Internet todas y cada una de las actas electorales de todas las urnas que se convoquen, y no solo los acumulados, que es lo que se hace ahora. Comenzando por las del día 21 en Catalunya. Se puede encontrar la petición en la asociación Convocatoria Cívica o en Change.

No lo hacen porque no quieren, pero publicar todas las actas sería la única manera de cortar de raíz las sospechas de pucherazos y otras irregularidades. Si lo hicieran, cualquier persona podría realizar toda clase de comprobaciones y recuentos. Además, se facilitaría mucho la función de control que, por interés legítimo y en bien de la democracia, tienen los partidos políticos. También se ayudaría a los investigadores sociales en el análisis de la demografía y los resultados electorales.

 

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