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Aulas prefabricadas: ¿recurso o negocio?

Francisco Martínez Muñoz

La falta de espacios y la obsolescencia de los centros educativos públicos del municipio de Cartagena es un hecho histórico. A lo largo de los últimos 22 años de gobierno regional del PP, mientras la población de Cartagena ha pasado de 180.553 a 214.759 habitantes, se ha reducido el número de colegios públicos: los últimos años se han cerrado los colegios “Antonio Arévalo”, “Carmen Conde” y “Villalba Los Llanos”. Por contra se ha reconstruido el CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente” de Los Nietos y se ha construido el CEIP “Atalaya”. No sólo se han perdido unidades sino que no se ha invertido lo suficiente para conservarlos, mantenerlos y remozarlos.

Resultaría de interés que se hiciera un estudio del tiempo que transcurre, por término medio, desde que los políticos prometen la construcción, remodelación o ampliación de un centro hasta que se usa, y digo hasta que se usa porque algunos centros se han inaugurado trasladando los recursos de otro centro próximo para que el político de turno se hiciera la foto. En estos lares, hemos evolucionado poco desde la España que con tanto acierto describiera Berlanga en Bienvenido Mr. Marshall.

"En algunos colegios se siente vergüenza ajena cuando se visitan las instalaciones, mientras se escucha la música machacona neoliberal de la libertad de elección de centro"

La construcción de un nuevo colegio en El Llano del Beal (cuántos problemas habríamos solucionado con un centro en condiciones en vez de linchar al mensajero) o en La Aljorra, por citar tan sólo algunos de los más comentados estos días. En otros se siente vergüenza ajena cuando se visitan las instalaciones, mientras se escucha la música machacona neoliberal de “la libertad de elección de centro”. Mientras los años pasan y las promesas se renuevan, por no extenderme más cabe recordar que al inicio del curso 15/16 la consejera de Educación se comprometió a eliminar todas las aulas prefabricadas del municipio de Cartagena a lo largo de ese curso. Hemos iniciado el curso 17/18 y todo sigue igual: han caído en saco roto las justas reivindicaciones de las comunidades educativas de varios centros. La consejera vuelve a prometer un plan integral para la Casa del Niño, donde se encuentran las aulas desplazadas del CEIP “San Isidoro y Santa Florentina”: rehabilitación del edificio, habilitación de aulas y espacios educativos mínimos y eliminación de las aulas prefabricadas. Generar los espacios necesarios para eliminar las aulas prefabricadas en el el CEIP “Santa Florentina de La Palma”. Han pasado dos años y la situación sigue igual en esos centros.

Este curso la Consejería nos dice que habrá 14 aulas prefabricadas en el municipio. Si tenemos en cuenta que el alquiler de un aula prefabricada cuesta unos 6.700 €/mes, y el curso dura 10 meses, el alquiler de un aula cuesta 67.000 €, una cantidad igual o superior a lo que cuesta construirla. Sin comentarios.

La falta de dinero es otra falacia. El presupuesto de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes es de 1.322,8 millones de euros; la ejecución del presupuesto no suele superar el 85%, lo que supone que no se gastan unos 199 millones de euros, por no citar los 20 millones de euros que se quieren destinar al concierto de Bachillerato y Formación Profesional con los centros privados.

Es evidente que la falta de recursos de la escuela pública obedece más a una política para mercantilizar y privatizar gradualmente la educación, para discriminar y segregar en función del poder adquisitivo de las familias, cuya finalidad es que éstas aporten más dinero a la educación, además de los impuestos, para conseguir una educación global más cara y de peor calidad.

Francisco Martínez Muñoz, concejal de CTSSP

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