Domingo, 22 Octubre, 2017 - 23:08
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El albergue no es el problema

Adoración Peñas Marín

Desde que en 1995 llegara el Partido Popular al gobierno de la Región de Murcia han tenido tiempo más que suficiente para desmantelar el sistema público de protección social y para empobrecer social, cultural y económicamente a esta región. Pensiones más bajas que en el resto del país, elevadas tasas de fracaso y absentismo escolar, desahucios, empleos precarios, tasas inadmisibles de pobreza infantil, indecente aplicación de la Ley de Dependencia, etc. Ante la ausencia de planes regionales de lucha contra la exclusión social, los murcianos hemos tenido que soportar durante años duros recortes en servicios públicos básicos como la educación, la sanidad o el sistema público de servicios sociales. Año tras año, los presupuestos regionales han asestado golpes cada vez más fuertes a las políticas sociales, eliminando y/o reduciendo al mínimo programas y prestaciones sociales dirigidos a mejorar la vida de los/las más desfavorecidos, con una tendencia al alza de externalizar servicios esenciales y derivando toda responsabilidad de gestión de los poderes públicos a las ONGs que hacen lo que pueden con sus escasos presupuestos, supliendo funciones que deberían ser asumidas por la administración pública.

El PP lleva 22 años fomentando y promoviendo la exclusión social, generando cada vez un número mayor de personas a las que sitúa en el borde de la marginalidad o directamente las ha sumido en el más profundo de los abismos, con escasas posibilidades de salida hacia un futuro mejor.

“Ligar las deficiencias de un barrio a la nueva instalación del albergue, inventando incluso bulos, no produce más que una crispación tan innecesaria como injustificada y peligrosa”

Invertir en políticas y recursos sociales públicos y de calidad sería un incentivo imprescindible para vivir en una sociedad más igualitaria, en la que las diferencias sociales fueran menos abismales, reduciendo esas tasas de pobreza extrema y exclusión social que definen y avergüenzan a la vez a esta región.

Pero invertir en políticas sociales, además, supone crear conciencia colectiva y promover valores de convivencia basados en el respeto a la diferencia, la integración, la multiculturalidad y la solidaridad con aquellos más castigados por el sistema.

Hace unos días, el traslado del albergue de transeúntes de Lorca a un barrio de tradición humilde y obrera por motivos de deficiencias técnicas del inmueble en el que se encontraba, ha suscitado una polémica vecinal que podría acarrear graves consecuencias.

Sin duda, las personas sin hogar son uno de los colectivos más castigados por la exclusión social y la marginación, y también uno de los que más ha crecido exponencialmente estos últimos años a causa de la crisis económica, que ha dejado sin empleo y sin hogar a personas y familias que, hasta hace poco, tenían una vida totalmente normalizada.

Los albergues de transeúntes de modo más asistencial, y los centros de atención integral a personas sin hogar de forma más integral (al ofrecer en éstos atención social, psicológica, jurídica y laboral, entre otras) suponen un recurso social básico y especializado imprescindible en cualquier municipio, máxime en aquellos de más de 50.000 habitantes.

En un contexto de injustos y desmesurados recortes sociales a la población más vulnerable, prescindir de un recurso de estas características no es más que una barbaridad, independientemente de su ubicación.

El albergue de Lorca, situado tradicionalmente en las inmediaciones del Ayuntamiento, en pleno corazón histórico de la ciudad, durante más de 20 años, no ha supuesto jamás el más mínimo incidente ni altercado con los vecinos ni los visitantes ni los turistas que habitualmente pasean por la zona. Por el contrario, su labor silenciosa ha sido tal, que ni la inmensa mayoría de la población conocía su existencia.

Relacionar un albergue de transeúntes con el déficit o merma (intencionado por parte del PP, sin duda alguna) de servicios en materia sanitaria o educativa del barrio en cuestión donde está previsto que se ubique el nuevo albergue, además de una temeridad, es generar un caldo de cultivo para reacciones racistas y xenófobas, totalmente injustificadas e innecesarias.

Los problemas sociales, de convivencia o de falta de recursos del barrio de San Diego no tienen relación alguna con la instalación del mencionado albergue, y más bien habría que buscar la respuesta a las necesidades y problemas vecinales en los años de gobierno conservador que han provocado y permitido que recorte tras recorte el vecindario del barrio se quede sin servicio de urgencias (pese a las movilizaciones sociales), que los colegios tengan una tasa de más de un 80% de concentración de alumnos y alumnas inmigrantes mientras que en los colegios religiosos concertados del centro apenas admiten un 4% o que la población del entorno presente unas tasas de pobreza extrema insólitas.

La falta de inversiones en materia de política social en dicho barrio, así como de programas de convivencia, de integración y de promoción social del entorno son la causa de muchos de los problemas que presenta este importante espacio de la ciudad a día de hoy. Pero ligar esas deficiencias a la nueva instalación del albergue, inventando incluso bulos sobre la creación de un centro de metadona en el mismo, no produce más que una crispación social tan innecesaria como carente de justificación, al tiempo que peligrosa.

Las fuerzas de izquierdas creemos en la obligación por parte de los poderes públicos de garantizar el bienestar de la ciudadanía, especialmente de aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, como es el caso de las personas sin hogar.

El albergue de Lorca, gestionado por Cáritas, a través de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Lorca y esta entidad, con una media de dos visitantes por noche, no ha supuesto jamás el más mínimo problema para la población lorquina, ni lo supondrá en un futuro, aunque se encuentre en un espacio diferente.

Desde IU-Verdes queremos hacer un llamamiento a la cordura y a la sensatez para no avivar más la llama ni encender una mecha que puede provocar un incendio de masas.

La proximidad de un albergue de transeúntes con un colegio de primaria no solo no es nada indecente, sino que es algo más que habitual en las grandes ciudades. ¿Qué clase de valores vamos a transmitir a los más pequeños, a los que serán el futuro y el mañana de nuestra sociedad si el ejemplo de sus mayores es protestar para que se lleven a otro lugar a aquellos a los que la vida no les ha sonreído?

Desde IU-Verdes creemos que la protesta social debe encaminarse a reclamar la restauración de los derechos sociales perdidos, a no permitir más recortes a las espaldas de los que menos tienen, a la efectiva y adecuada aplicación de la Ley de Dependencia, al respeto a los preceptos constitucionales básicos que garantizan el derecho a una vivienda y a un empleo digno, y en general, para que no continúen arrasando con los derechos básicos de la gente de a pie.

Centralizar el objeto de la protesta en aquellos que no tienen nada porque lo han perdido todo, no es más que un triste símbolo de la decadencia ética de la sociedad y el triunfo de las políticas neoliberales que están consiguiendo sus objetivos.

Adoración Peñas Marín, responsable regional de Servicios a la Ciudadanía de IU-Verdes de la Región de Murcia.

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